Empleados de la agencia de la ONU para los refugiados palestinos (UNRWA, por sus siglas en inglés) secuestraron a israelíes, transportaron munición y el cadáver de un soldado muerto y participaron en un mortífero asalto a un kibutz durante el ataque terrorista de Hamas del 7 de octubre, según reveló un informe publicado el domingo.
Los detalles sobre los trabajadores de la ONU acusados de ayudar a Hamas durante la masacre fueron difundidos por el diario The New York Times, que citó a un informe entregado al gobierno de Estados Unidos. El informe llevó a la la decisión de UNRWA de despedir a 12 trabajadores y han llevado a muchos países a suspender su financiación al organismo durante el fin de semana.
El informe dice que un consejero escolar de la UNRWA de Khan Younis, en el sur de Gaza, está “acusado de trabajar con su hijo para secuestrar a una mujer de Israel”.
“Un trabajador social de Nuseirat, en el centro de Gaza, está acusado de ayudar a llevar el cuerpo de un soldado israelí muerto a Gaza, así como de distribuir munición y coordinar vehículos el día del ataque”, dice el informe citado por el diario neoyorquino.
Un tercer empleado fue “descrito como participante en la masacre de un kibbutz en la que murieron 97 personas”, al parecer en Be’eri, uno de los más sitios devastados el 7 de octubre en el ataque dirigido por Hamas.
El informe, agrega el NYT, describe los nombres, datos y cargos en la UNRWA de los 12 trabajadores, y sostiene que 10 de los trabajadores en cuestión son miembros del grupo terrorista Hamas, mientras que uno pertenece a la Yihad Islámica Palestina.
Para realizar los hallazgos, la inteligencia israelí se basó en el rastreo de los teléfonos de seis de las personas, en el seguimiento de las llamadas telefónicas de otros que supuestamente hablaron de su participación en el ataque y en la lectura de los mensajes de texto recibidos por otros tres en los que se les ordenaba que se presentaran en los puntos de reunión antes del asalto, incluido uno en el que se le ordenaba que llevara RPG almacenados en su casa.
Según el informe, siete de los acusados eran profesores en escuelas de la UNRWA, y dos trabajaban en escuelas en diferentes puestos. Los otros tres fueron descritos como un empleado, un trabajador social y un encargado de almacén.
Las acusaciones más detalladas del expediente se referían a un consejero escolar de Khan Younis, en el sur de Gaza, acusado de colaborar con su hijo para secuestrar a una mujer en Israel.
A un trabajador social de Nuseirat, en el centro de Gaza, se le acusa de ayudar a llevar a Gaza el cadáver de un soldado israelí muerto, así como de distribuir munición y coordinar vehículos el día del atentado.
Según el informe, Estados Unidos no pudo verificar los detalles ni las identidades de los acusados, pero considera que las acusaciones son lo suficientemente creíbles y preocupantes como para ordenar el cese de la financiación.
El NYT escribió que hasta el momento sólo había podido verificar la identidad de uno de los acusados, a quien describió como “un gerente de almacén, cuyo perfil en las redes sociales lo lista como empleado de la UNRWA y lo muestra vistiendo ropa de la marca de la ONU”.
Por otro lado, el Canal 13 de Israel informó el domingo por la noche de que dos de los rehenes israelíes liberados de Gaza habían testificado que los trabajadores de la UNRWA los mantenían cautivos por separado, a veces en sus casas.
En uno de los casos, el rehén declaró que la hija del captor les había dicho que era un profesor de la UNWRA, que les habían dado de comer bocadillos etiquetados y distribuidos por la agencia de la ONU, y que les habían trasladado de un lugar a otro a través de las instalaciones de la UNWRA para evitar ser detectados cuando las tropas israelíes cerraban el cerco.
No quedó claro de inmediato si se trataba del mismo caso detallado en el Times.
Preguntada por las acusaciones de Israel el domingo, la UNRWA dijo que dos de los 12 empleados habían muerto, pero que no podía proporcionar más información mientras la Oficina de Servicios de Supervisión Interna de la ONU seguía investigando.
El 7 de octubre, unos 3.000 terroristas irrumpieron a través de la frontera con Israel, invadiendo bases militares y comunidades y matando a unas 1.200 personas, la mayoría civiles masacrados en sus casas y en un festival de música. Los atacantes también se llevaron 253 rehenes a Gaza, donde permanecen aproximadamente la mitad.
Las acusaciones son las últimas de una larga serie de quejas israelíes contra la agencia de la ONU, como que permite que se enseñe incitación antiisraelí en sus cientos de escuelas y que parte de su personal colabora con Hamas. La administración Trump suspendió la financiación a la agencia en 2018, pero el presidente estadounidense, Joe Biden, la restableció.
Las últimas acusaciones llevaron a los donantes, incluidos Estados Unidos, Alemania, Gran Bretaña, Italia, Australia y Finlandia, a anunciar que habían suspendido la financiación adicional a la agencia, y UNRWA dijo el viernes que había despedido a varios empleados por las acusaciones no especificadas.
Los partidarios de la agencia afirman que las acusaciones en su contra pretenden restar importancia al largo problema de los refugiados y calificaron el recorte de fondos de castigo colectivo. La semana pasada, el Comisionado General de la UNRWA, Philippe Lazzarini, dijo que nombraría una entidad independiente para investigar las acusaciones, tanto “lo que es verdad o mentira” como “lo que tiene motivaciones políticas”. También dijo que las acusaciones estaban perjudicando las ya tensas operaciones de la agencia.
En la actualidad hay 58 campos de refugiados designados en los que opera la UNRWA, en Jordania, Líbano, Siria, Cisjordania y la Franja de Gaza.