Texas reiteró el miércoles su voluntad de trabajar junto al Gobierno de Donald Trump en su proyecto de deportaciones masivas de inmigrantes indocumentados, para lo cual le ofreció un terreno cercano a la frontera con México.
La comisionada de Tierras del estado, Dawn Buckingham, envió una carta el pasado 14 de noviembre al Presidente electo en la que le manifestaba que la Administración a la que pertenece es “un buen socio… estamos aquí y queremos ayudar” y, por tanto, le informaba de la disponibilidad de este predio, adquirido el mes pasado por el Ejecutivo local, en la zona rural del condado de Starr, en Rio Grande Valley. Se trata de un espacio sin caminos pavimentados, cerca de importantes aeropuertos y con recursos limitados, entre ellos un solo hospital.
“Al ofrecer esta propiedad recién adquirida de 566 hectáreas al Gobierno entrante de Trump para la construcción de una instalación para el procesamiento, detención y coordinación de lo que será la mayor deportación de criminales violentos en la historia de nuestra nación, me uno (a las labores) del presidente Donald Trump para garantizar que las familias estadounidenses están protegidas”, aseguró la funcionaria al conocerse la oferta.
“Si es útil, me encantaría asociarme con el Gobierno federal y, si no lo es, continuaremos buscando la manera de ayudarlos”, sumó Buckingham que, al ser consultada por la prensa, comentó que “sabemos por canales no oficiales que lo están analizando y tomando en cuenta”.
No obstante, desde el equipo del empresario se negaron a confirmar esta información y, en su lugar, insistieron en que el político “movilizará todas sus herramientas a disposición para resguardar la frontera, proteger a sus comunidades y lanzar la mayor operación de deportación de criminales ilegales en la historia”.
De esta manera, Texas ratificó su postura alineada con los republicanos en lo que respecta a la expulsión de inmigrantes indocumentados en Estados Unidos, una cuestión que Trump puso en el centro de su campaña electoral y entre las prioridades de su agenda. De hecho, tras ganar las elecciones, el empresario prometió trabajar desde el primer día en la Casa Blanca sobre esta cuestión, que alcanza a unas 11 millones de personas.
Para ello, adelantó que declarará la emergencia nacional para hacerse de poderes extraordinarios y poner en uso recursos militares, mientras trabaja con junto con su elegido para liderar el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, Tom Homan, más conocido como “el zar de la frontera”.
Su proyecto generó una clara división entre los estados y los Gobiernos locales que, de acuerdo a sus intereses y sus posiciones políticas, han apoyado o repudiado los planes del próximo mandatario. Por ejemplo, mientras Texas adelantó que consideraría implementar medidas agresivas en la frontera para frenar los cruces irregulares -como con la instalación de un alambre de púas y mayores permisos a las fuerzas policiales-, Los Ángeles se encamina a volverse un “santuario” para estas personas.
En esta ciudad californiana, este martes, el Concejo Municipal dio luz verde a una ordenanza que prohíbe la colaboración de la Policía local con las autoridades federales migratorias, en un intento por proteger a las comunidades extranjeras en el país. La medida ya se había aplicado en 2017, durante el mandato de Eric Garcetti, pero dicha orden ejecutiva no garantizaba -hasta la víspera- la permanencia de la prohibición.
Con información de AP y EFE