Pasos de animal grande de la justicia se sienten en la Casa Blanca en relación a las investigaciones en contra del presidente Donald Trump.
La confirmación de culpabilidad de dos estrechos aliados del mandatario, como son su exjefe de campaña y su exabogado personal, amenazan con asfixiar su presidencia tras el día más negro desde que llegara a la Casa Blanca.
El 21 de agosto de 2018, el mandato de Trump pudo complicarse seriamente en un margen de cinco minutos, el tiempo que hubo de diferencia entre el veredicto de culpabilidad por fraude contra su exjefe de campaña, Paul Manafort, y la confesión de su exabogado Michael Cohen.
Ahora, y a la espera de cómo puedan avanzar ambos casos, diferentes opciones podrían acabar con su presidencia, especialmente tras las declaraciones bajo juramento de Cohen que implican a Trump en delitos federales.
Un juicio político que conllevará su destitución, una citación judicial de la fiscalía especial para que declarara como testigo o incluso una potencial imputación criminal son escenarios hipotéticos que podrían poner en jaque al magnate y que parecen recibir nuevos argumentos con los últimos acontecimientos.
El fantasma de Richard Nixon se pasea por el ala occidental (west wing) de la histórica Casa Blanca.
El experto Michael Cornfield, docente de Liderazgo Político de la Universidad George Washington, explicó a periodistas que con las circunstancias que hay sobre la mesa hay más posibilidades de que Trump no llegue a sus cuatro años de mandato.
“Ahora, lo más probable es que Trump no finalice su mandato en el cargo. El escenario más probable es que (el vicepresidente) Mike Pence herede su Presidencia”, comentó Cornfield, quien prevé “más turbulencias en la política estadounidense y el Gobierno en los próximos meses y años”.
Por su parte, Ross Baker, politólogo de la Rutgers University, cree que los últimos acontecimientos han iniciado un proceso por el que Trump podría ser acusado en un juicio político, pero ve “improbable” que sea depuesto por el Senado, dijo.
Para un hipotético proceso de destitución serán determinantes las elecciones legislativas de noviembre, donde los demócratas podrían recuperar el dominio del poder legislativo.
De los diferentes escenarios posibles a partir de ahora, en el que está más claro el procedimiento a seguir es el juicio político o “impeachment”, por el que el poder legislativo puede derrocar a un presidente si considera que ha cometido un crimen federal.
Normalmente, es el comité judicial de la Cámara Baja el que inicia los trámites y emite una resolución con los cargos a “juzgar”, que serán votados por dicha cámaras.
Si una mayoría absoluta aprobara esa resolución o al menos uno de los cargos presentados, se elegiría un grupo de “directores” que harían de fiscalía y presentarían el caso ante el Senado, donde sus miembros ejercerían a modo de “jurado” y necesitarían dos tercios para declararle culpable y dejara la Presidencia.
Tres han sido los presidentes que han encarado un juicio político y dos fueron absueltos: Andrew Johnson, en 1868; y Bill Clinton, entre 1998 y 1999; mientras que Richard Nixon, renunció en 1974 al comenzar el proceso tras el escándalo del Watergate.
Una vez finalizado este procedimiento, el presidente es depuesto si es declarado culpable y puede ser objetivo de una causa criminal, siendo el vicepresidente quien le sustituye en el cargo.
Muy diferente es el caso de la imputación criminal clásica contra un mandatario en activo, que no se ha dado nunca, y cuya legalidad es ambigua.
Pese a que el Departamento de Justicia recoge entre sus guías que un presidente no puede ser imputado, la Constitución no precisa de forma específica que así lo sea y diversos expertos han elaborado para los Gobiernos opiniones contrapuestas a lo largo de los años.
Sin embargo, según “The Washington Post” la fiscalía de la trama rusa ya ha dejado claro que hará caso a esas directrices del departamento, que debe seguir salvo circunstancias excepcionales.
Tampoco es clara la viabilidad de una citación para declarar, ya que es dudosa su obligatoriedad, aunque la fiscalía especial, que dirige Robert Mueller, mantiene que Trump podría ser citado como testigo, de acuerdo a ese periódico.
En 1974, el Tribunal Supremo falló contra Nixon y determinó que el presidente debía cumplir con una citación, en este caso para contribuir con documentos, diferente al testimonio.
Medios de comunicación locales han señalado Mueller lleva meses negociando una entrevista con Trump, pero su equipo es reticente.
Por ejemplo, en el “impeachment” contra Clinton se presentó el cargo de perjurio o falsedad bajo juramento como resultado de un testimonio del presidente.