A pocas horas de que venza el plazo (las 3 de la tarde), dado por el presidente Bukele a la Asamblea Legislativa para que realice una sesión plenaria convocada, por el Consejo de Ministros del Órgano Ejecutivo, el país enfrenta una situación de crisis que amenaza con romper el orden constitucional.
El presidente ha sido tajante en sus afirmaciones: si los diputados no se reúnen y aprueban la solicitud de $109 millones de dólares para implementar el Plan de Control Territorial, “si no asisten, rompen el orden constitucional; y si rompen el orden constitucional, el pueblo tiene el derecho a la insurrección”
El presidente rubricó sus afirmaciones con un llamado a la población a que asista a la Asamblea a testificar lo que curra a partir del plazo que le ha dado para que instalen la plenaria convocada por el Consejo de Ministros con el único fin de se aprueben los recursos económicos solicitados por el ejecutivo para financiar la Fase III del Plan Control Territorial y que principalmente estarán destinados a adquirir equipo militar, policial y hospitalario.
La negativa de la Asamblea Legislativa relativa a aprobar la solicitud del ejecutivo sin un previo análisis y estudio de factibilidad dio lugar al reclamo presidencial que culminó con una convocatoria del Consejo de Ministros a una sesión plenaria, en domingo festivo como una forma de presionar a los diputados y que aprueben el préstamo de $109 millones, lo que motivó el rechazo del órgano legislativo por considerarlo una medida inconstitucional.
El rechazo de la Asamblea Legislativa dio lugar inmediato a una serie de amenazas incluido un llamado a la insurrección formulado por el mismo presidente de la República, Nayib Bukele, lo que mantiene en vilo a la ciudadanía dividida en los que apoyan al presidente y quienes apoyan la Institucionalidad del país.
La jefa del gabinete presidencial, Carolina Recinos, declaró enfáticamente que no existe crisis alguna y que no hay choque de poderes; sin embargo las fuerzas de Seguridad se han tomado el control del edificio legislativo y lugares aledaños ofreciendo una imagen de militarización en el órgano legislativo.
Por otra parte, las autoridades de la Policía Nacional Civil (PNC), retiraron la seguridad de los diputados del Congreso, poniendo en peligro sus vidas.
Mario Ponce, el presidente de la Junta directiva de la Asamblea Legislativa, en una supuesta actitud conciliadora, convocó el sábado al pleno para a una sesión extraordinaria que luego de ser instalada, quedaría abierta hasta la semana próxima y en la que se da por sentado que se aprobaría el préstamo de los $109 millones, pero sus intenciones se vieron frustradas por la inasistencia de los diputados, que abogan por la separación de Poderes y su independencia.
Los tambores de guerra sonaron más fuerte luego que el ministro de la Defensa Nacional y el director de la PNC respaldaran públicamente al presidente de la República. A la media noche del sábado el centro histórico de San Salvador estaba desolado excepto por la presencia militar y policial.
El argumento de que el artículo 167 de la Constitución de la República inciso séptimo, le da facultad al Consejo de Ministros “convocar extraordinariamente a la Asamblea Legislativa, cuando los intereses de la República lo demanden”, fue rechazada por la Asamblea con 67 votos –30 de Arena, 23 del FMLN, 9 del PCN y 2 del PDC– mediante una respuesta de cuatro páginas al Consejo de Ministros en la cual señala que el préstamo está siendo analizado y que no existen las condiciones que justifiquen una convocatoria extraordinaria por no ser una emergencia constitucional.
Este documento advierte que una aprobación en dicha plenaria podría ser inconstitucional y que la convocatoria transgrede la independencia de los órganos del Estado, establecida en los artículos 86 y 167 ordinales cuarto y sexto de la Constitución.
La respuesta del Ejecutivo fue convocar a la población a reunirse el domingo a las 3:00 de la tarde en la Asamblea Legislativa. La convocatoria fue difundida en la cuenta de Twitter de Casa Presidencial, Secretaría de Comunicaciones, Secretaría de Prensa de Presidencia de la República.
Diez organizaciones de la sociedad civil –jurídicas, empresariales o ciudadanas– se pronunciaron ayer contra la convocatoria extraordinaria presidencial y los llamados a la insurrección.
Fuentes de la Asamblea Legislativa aseguran que el Congreso ya tenía dispuesta la aprobación de los 109 millones pero que, al percatarse de que 25 de esos 109 millones estaría destinados a la compra de equipo especializado a una empresa mexicana que ha sido cuestionada por financiar un viaje en jet privado al director de entro Penales Osiris Luna, decidieron retomar la discusión del dictamen lo que vino a entorpecer su aprobación.
El equipo que se compraría a la empresa consta de helicópteros, un buque para búsqueda y rescate, cámaras de videovigilancia, drones, patrullas doble cabina, uniformes policiales, radios, ambulancias, camiones, lentes de visión nocturna y equipo para el Hospital Militar,o que vendría a ser la razón que originó la crisis.
Sin embargo, el presidente de la República anunció la polémica convocatoria luego de criticar los llamados de la Asamblea a sus funcionarios, y las interpelaciones a los titulares de Salud y de la ANDA.