Patricio Pineda, de la Mesa del Trabajo por una Pensión Digna, compartió con periodistas, que a su ver El Salvador está entrando en una situación de peligro de la sostenibilidad del sistema de pensiones, reformado por la actual Asamblea Legislativa, de mayoría oficialista, en diciembre de 2022.
«Estamos entrando ya en un lapso en que está peligrando realmente la sostenibilidad del sistema», dijo Pineda a periodistas e indicó que se debe al ritmo de emisión de Certificados de Obligaciones Previsionales (COP).
Estos certificados son emitidos por el estatal Instituto Salvadoreño de Pensiones (ISP) para que las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) – privadas – le presten recursos de sus cotizantes para el pago de las pensiones de un sistema abandonado en la década de los años noventa.
El experto cuestionó que, si «se necesitaban 671 millones de dólares (unos 621 millones de euros, al cambio de hoy) para pagar pensiones en 2023, ¿Por qué han emitido (certificados por) 852 millones?», por parte del ISP hasta octubre.
Advirtió que «si se sigue el ritmo que llevan, van a superar los 1.000 millones» en 2023 y objetó las razones de que se emiten más certificados de los que se necesitan, además «no sabemos a dónde va el excedente».
Pineda señaló que en cuanto al recurso liquido para «hacerle frente a los compromisos previsionales hay un poco más de 4.000 millones de dólares» y «si el ritmo (de emisión) se mantiene, en tres años esto se cae».
De acuerdo con datos del Banco Central de Reserva (BCR), la deuda estatal de pensiones, que incluyen los fondos tomados de las AFP por el Gobierno, sumó hasta octubre pasado 9.259,41 millones de dólares.
En diciembre de 2022, el Congreso salvadoreño, de mayoría oficialista, aprobó la Ley Integral del Sistema de Pensiones, y, a pesar de las solicitudes de nacionalización de algunos sindicatos, dejó el manejo de los recursos a cargo de las administradoras privadas de pensiones conocidas como AFP.
A esta norma se sumó la Ley de Creación del Instituto Salvadoreño de Pensiones, que supervisa a las AFP, y la Ley Especial para la Emisión de Certificados de Obligaciones Previsionales y Disolución del Fideicomiso de Obligaciones Previsionales.