Las organizaciones Socorro Jurídico Humanitario (SJH) y Movimiento de Víctimas del Régimen (MOVIR) denunciaron la muerte en prisión de cuatro personas detenidas en el marco del régimen de excepción en El Salvador, vigente desde marzo de 2022.
«Se reportan cuatro muertos en dos días dentro de centros penales», publicó el SJH en sus redes sociales e identificó a los fallecidos como Angélica Umaña, Jaime Colindres, José Canizales y Gonzalo Reyes.
Agregó que «ninguna» de las personas «reportadas era perfilados de pandillas, ninguno había sido condenado, ninguno tuvo derecho de defensa, de audiencia, de un juicio justo» sino que «se les presumió culpables desde el inicio y el Estado los mató».
Por su parte, MOVIR aseguró en su cuenta de X (antes Twitter) que Umaña, «según información oficial, murió ‘ahorcada en la celda'»; mientras que Colindres pereció en su casa luego de ser «liberado en estado de salud delicado», y que Reyes falleció en la cárcel producto de «las condiciones que viven los presos donde no hay una atención de salud adecuada para los enfermos crónicos». Sin embargo, no brindó información sobre la muerte de Canizales.
Organizaciones humanitarias, como Cristosal, han registrado al menos 183 muertes en custodia de agentes de Seguridad del Estado bajo la polémica medida de régimen de excepción, implementada por el Gobierno del presidente Nayib Bukele contra las pandillas.
De estas muertes, el fiscal general, Rodolfo Delgado, dijo a mediados de 2023 que se archivaron 142 casos, porque «no constituyen delito».
El régimen de excepción, que suspende garantías constitucionales, fue aprobado en marzo de 2022 por el Congreso tras una escalada de homicidios que se cobró la vida de más de 80 personas en tres días, y se ha ampliado en 20 ocasiones por periodos de 30 días a petición del Gobierno.
De acuerdo con los datos oficiales, en este contexto suman más de 73.800 las detenciones, de las que más de 7.000 personas habrían salido en libertad condicional. Las organizaciones humanitarias han registrado al menos 5.775 «víctimas directas», de las que más del 50 % son jóvenes y la gran mayoría habría sufrido detenciones arbitrarias.