Siempre hemos dicho que somos respetuosos de la independencia del poder judicial entendida como el derecho y obligación de los jueces y magistrados, a resolver en conciencia; es decir, libres de cualquier tipo de influencia pero sobre todo, hemos sido respetuosos de los jueces cuyas fallos, además del irrestricto apego al derecho, demuestran el sentido común que debe privar en sus resoluciones. Sin sentido común no hay ley justa que valga.
La más reciente de las resoluciones de la Cámara 1ª de lo Penal de la Sección del Centro, está referida al mal llamado caso «Corruptela” con el que el entonces fiscal Douglas Meléndez demostró los extremos a los que puede llegar un mal funcionario.
No hay que buscar tanto para relacionar dicho caso con las arbitrariedades e ilegalidades mediante las cuales Meléndez encarceló al empresario salvadoreño Enrique Rais así como al ex fiscal Luis Antonio Martínez. Debido a la falta de prueba contundente contra los imputados y sabedor de que los plazos procesales para definir la situación jurídica de ambos estaban por vencer, Meléndez echó mano al único recurso que su inteligencia le permitió en este caso: inventar procesos “trampa” para mantener procesado a Rais y en la cárcel al exfiscal Martínez.
En el caso de Martínez, a días para que obtuviera su libertad por falta de pruebas, la fiscalía recurrió al expediente del padre toño para que este viajara desde España y para que se trasladara del aeropuerto a la sede central de la FGR, donde firmó una denuncia penal por supuesta divulgación de información reservada, evitando así cualquier posibilidad de que el exfuncionario obtuviera su ansiada libertad.
Con Rais ocurrió lo mismo, un nuevo caso “trampa” bautizado como “corruptela” en el que se revuelve chicha con limonada, se fabricó en la FGR bajo la dirección de Douglas Meléndez, con el único fin de mantenerlo sometido a un proceso que a todas luces está preñado de arbitrariedades e ilegalidades que fueron denunciadas ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de Naciones Unidas.
Quién no sabe en este país que tras el proceso contra Enrique Rais existen intereses económicos de muchas cifras?. Quién no sabe que esos intereses tienen nombre y apellido? Quién no sabe que la mafia canadiense, Mateo Pasquale y Franco Pacetti, han gastado millones para apoderarse de las empresas del empresario Rais.? Nos da la impresión de que los únicos que no saben de ello, son los magistrados jueces de la Cámara 1ª de lo Penal de la Sección del Centro.
La jueza 4ª de Paz de San Salvador, que conoció las diligencias iniciales del caso “corruptela” hizo lo que todo juez haría: ordenó detenciones provisionales, dictó medidas precautorias y en algunos casos resolvió que los imputados fueran procesados sin ningún tipo de medidas sustitutivas. En cada uno de los casos razonó las cuestiones personales en un aparente apego al Derecho y al Debido Proceso.
Los magistrados de la mencionada Cámara, entraron a conocer en alzada el caso “corruptela” debido a la inconformidad del exfiscal Meléndez con la resolución de la jueza quien no vio la necesidad de refundir en la cárcel a personas que gozamos del derecho a la presunción de inocencia.
A pesar de los débiles argumentos con que un juez, preseleccionado por el fiscal Meléndez, dictara autos de sobreseimiento contra nueve fiscales y dos técnicos a los que se vio obligado a denunciar, y de que haya comenzado a brillar la luz de la verdad con la confesión de otros cuatro fiscales que bajo juramento de ley, declararon ante la Procuraduría de Derechos Humanos haber sido instrumentalizados y amenazados para declarar falsamente contra Rais, Martínez y otros treinta imputados en el caso “corruptela”, la Cámara 1ª de lo Penal de la Sección del Centro, decidió revocar la decisión de la jueza 4ª de Paz ordenando que se dicten medidas sustitutivas en unos casos y en otros fijando fianzas que van desde los 25 hasta los 100 mil dólares. Tal dureza no hubiera sido concebida ni por el mismo fiscal Meléndez.
Estas sumas impuestas contrastan, en gran manera, con las cauciones económicas que recientemente les otorgaron a dos de los principales implicados en el caso del desvío de los fondos de Taiwán, donde se investiga el paradero de al menos de $10 millones donados durante el gobierno del fallecido gobernante Francisco Flores.
En mi caso personal se me ha acusado de cometer un delito que solo cometen los funcionarios públicos sin que yo lo sea, no se ha tomado en cuenta que he demostrado en el tribunal respectivo suficientes pruebas de arraigo que aseguran mi comparecencia en el juicio. A pesar de que existen serias dudas sobre la veracidad del requerimiento fiscal, la Cámara me impuesto una fianza de 25.000 dólares. Qué esperar de nuestra justicia?