Tres relatores especiales de las Naciones Unidas expresaron el lunes su rechazo a la reciente renovación del régimen de excepción en El Salvador impulsado por el gobierno del presidente Nayib Bukele desde marzo de 2022 para combatir a las pandillas, y pidieron que se derogue inmediatamente esa medida.
Es el más reciente pronunciamiento de un organismo internacional contra ese régimen implementado en el país y que fue prorrogado por 14ta ocasión la semana pasada.
La petición al gobierno salvadoreño la suscriben Margaret Satterthwaite, Relatora Especial sobre la Independencia de Magistrados y Abogados, Fionnuala Ni Aoláin, Relatora Especial sobre la promoción y protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales en la lucha contra el terrorismo y Morris Tidball-Binz, Relator Especial sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias.
“El estado de excepción fue declarado luego de una serie de asesinatos relacionados con pandillas. A pesar de su obligación de proteger a los ciudadanos de actos tan atroces, el gobierno no puede pisotear el derecho a un juicio justo en nombre de la seguridad pública”, indicaron en un comunicado los expertos.
El estado de excepción aprobado por la Asamblea Legislativa suspende varios derechos constitucionales, entre ellos el derecho de una persona a ser debidamente informada de sus derechos y de los motivos de su detención, así como el derecho a contar con la asistencia de un abogado.
Además amplía de 72 horas a 15 días el plazo de detención preventiva y permite a las autoridades intervenir la correspondencia y los celulares de quienes consideren sospechosos.
Según cifras oficiales, cerca de 69.000 supuestos pandilleros o colaboradores han sido capturados en el marco del régimen de excepción, de ellos más del 90% tiene detención provisional decretada por un juez mayormente por el delito de agrupaciones ilícitas. Pero también más de 5.000 personas han sido liberadas porque no se les pudo vincular con esas estructuras criminales, según las autoridades.
Organizaciones defensoras de los derechos humanos han denunciado reiteradas violaciones y abusos de las fuerzas de seguridad y en los centros penales en medio de ese régimen.
Los expertos de la ONU dicen que de acuerdo con información recibida «muchas de estas detenciones son arbitrarias y algunas constituyen desapariciones forzadas de corta duración”.