Al cierre de 2025, el Régimen de excepción vigente en el país superará la cifra de 90,000 detenidos desde su implementación en marzo de 2022, tras la aprobación de la 45ª prórroga de la medida por la Asamblea Legislativa, bajo control oficialista.
El régimen —dictado originalmente para enfrentar la oleada de homicidios atribuida a pandillas— suspende varias garantías constitucionales fundamentales: entre ellas, el derecho a ser presentado ante un juez en 72 horas, el derecho a defensa efectiva, y garantías de privacidad en las comunicaciones.
Desde su instauración, autoridades reportaron decenas de miles de arrestos en operativos policiales y militares. Al principio del régimen, ya se contabilizaban más de 58,000 detenidos en apenas meses.
Con el paso del tiempo, la cifra siguió creciendo: algunas fuentes señalan que para mediados de 2023 se superaban los 71,000 detenidos. Ahora, con los más de 90,000 arrestos acumulados hasta fin de año, se evidencia la magnitud del programa de seguridad.
Sin embargo —y esta es una de las principales críticas— la mayoría de esas personas permanecen a la espera de un juicio: muchas sin sentencia, con procesos judiciales demorados, y con acusaciones genéricas de pertenecer a estructuras delictivas, sin que se haya demostrado su responsabilidad de forma individual.
Derechos humanos en jaque: denuncias de arbitrariedad e inocentes presos
Organizaciones defensoras de los derechos humanos han denunciado desde hace años que el régimen ha permitido detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, malos tratos, torturas y otras violaciones graves al debido proceso.
Además, se han documentado casos de personas fallecidas bajo custodia estatal. Según un recuento de la organización Cristosal, al menos 102 personas murieron en las prisiones desde la entrada en vigor del régimen.
Por otra parte, ciertos defensores advierten que una parte considerable de los detenidos podrían ser inocentes: algunos arrestos se han basado en criterios tan vagos como tener tatuajes, vivir en barrios estigmatizados o denuncias anónimas, sin pruebas claras de actos delictivos.
Seguridad vs. justicia: ¿a qué costo?
Las autoridades defienden que el régimen de excepción ha contribuido a una reducción dramática de los homicidios y que ha debilitado la estructura criminal de pandillas en el país.
No obstante, críticos advierten que el costo real —en términos de derechos humanos, justicia y confianza institucional— podría ser demasiado alto. La falta de transparencia sobre cuántos realmente han cometido delitos graves, cuántos son liberados, y cuántos —de hecho inocentes— siguen detenidos, genera incertidumbre y temor en amplios sectores de la población.
La apuesta del gobierno parece ser mantener la medida activa al menos hasta que termine el año; mientras tanto, para miles de familias salvadoreñas, la prisión preventiva se ha convertido en una condena indefinida.