Raúl Melara inició la semana pasada la que quizás va a ser una de las más arduas tareas de su gestión como jefe del Ministerio Público: La tarea de “limpiar” la Fiscalía General de la República (FGR) y recobrar su institucionalidad.
Una de las primeras medidas ha sido la de ordenar importantes cambios en las diferentes direcciones y unidades fiscales de todo el país para, en unos casos, reordenar las cosas mal hechas y, en otros, para sacar de la canasta de la FGR las frutas descompuestas que amenazan a las que todavía no se han contaminado. Difícil tarea, por cierto.
Entre los cambios realizados se encuentran jefes fiscales, fiscales y técnicos que han sido denunciados por el uso ilegal e inadecuado de los instrumentos con los que cuenta la FGR para la investigación del crimen y de “inventar pruebas” para justificar los llamados casos relevantes que han puesto en entredicho la naturaleza del Ministerio Público.
No estamos haciendo referencia ni al caso Saca ni al caso Funes, donde hay confesos y condenados, sino a casos en los cuales el anterior fiscal, Douglas Meléndez, hizo arreglos para resolver controversias mercantiles de competencia desleal entre empresarios como Wilfredo Guerra y Adolfo Salume, al que favoreció “descaradamente”, armando un proceso contra Guerra y contra toda su familia con acusaciones de narcotráfico basadas más en “leyendas de camino real” que en hechos jurídicos comprobables.
También nos referimos al caso Rais-Martínez, donde Meléndez combinó sus odios personales con sus ambiciones políticas utilizando fiscales sumisos o comprometidos de alguna forma con la corrupción institucional, para inventar “casos” que no han podido ser demostrados contra su “enemigo” de antaño, el empresario Enrique Rais y contra su “enemigo” más reciente, el ex fiscal Luis Antonio Martínez.
Para los efectos, el ex fiscal Douglas Meléndez reunió de nuevo a fiscales que habían sido hábilmente dispersados o retirados del ministerio público por su antecesor Martínez y formo una red sumisa a sus deseos, colocándoles en puestos clave donde podían alterar o inventar pruebas para “montar” los llamados casos relevantes que existen hasta ahora. El anuncio del Fiscal Melara, de investigar las denuncias contra fiscales corruptos, de revisar esos casos y hacer prevalecer el Principio de Inocencia que establece la Constitución, así como de corregir las injusticias que se han cometido en la FGR, han traído definitivamente confianza a la ciudadanía salvadoreña.
Para deshacer la supuesta red de corrupción, el fiscal Melara tendrá que estudiar y analizar el contenido de las denuncias que mantienen procesados a once fiscales y una técnico de la FGR ya que esto podría ser la punta del iceberg.
Según tenemos entendido, el modus operandi de la supuesta red de corrupción que pretende desmantelar Melara está relacionada con la utilización ilegal de las intervenciones telefónicas de la FGR, con la “capacitación” de testigos criteriados y con la manipulación de algunos medios de información por parte del, no sabemos si hasta ahora, encargado de prensa de la FGR Salvador Martínez.
En el caso Rais-Martínez, una fiscal reconoció y admitió haber mentido ante un juez, asegurando que las grabaciones telefónicas utilizadas para encauzar a Rais y al ex fiscal Luis Martínez eran legales; sin embargo y posteriormente, la misma fiscal se excusó ante el juez que conoce del caso pidiendo “disculpas” por haber mentido.
Los jefes fiscales Will Walter Ruiz y Jorge Cortez, fueron removidos de sus cargos y colocados en otros de menor importancia. Ambos han sido denunciados por actos arbitrarios y se encuentran sujetos a proceso penal. Los fiscales Ruiz y Cortez han sido señalados de haber actuado como los cabecillas de la corrupción al interior de la Fiscalía que Melara está dispuesto a combatir.
Para el Fiscal Melara las intervenciones telefónicas constituyen uno de los medios más eficaces para investigar y combatir el crimen organizado siempre que se efectúen en el marco de la ley; es decir, que sean debidamente autorizadas por juez competente y utilizadas en el tiempo que determina la ley.
La decisión del fiscal general, de cambiar los mandos principales del MP, está relacionada con la posición del funcionario en cuanto a que se debe respetar el debido proceso y el Principio de Inocencia de los imputados cualquiera que sea el caso.
Tanto el ex jefe de la Unidad de Investigación Financiera (UIF), Jorge Cortez, quien presuntamente será enviado a una oficina fiscal de la zona oriental, Will Walter Ruiz, quien es pariente del ex-Fiscal General, Douglas Meléndez, han sido acusados de “invención” y “fabricación” de casos relevantes.
Durante la administración de Meléndez, Cortez tuvo mucho protagonismo porque la UIF se encargó de investigar los casos de corrupción en los que estuvieron involucrados el ex presidente de la República, Elías Antonio Saca; su esposa, Ana Ligia de Saca y varios ex funcionarios de su Gobierno.
Cortez además dirigió la investigación por el delito de lavado de dinero contra el ex mandatario Mauricio Funes; contra su ex pareja, Vanda Pignato; el ex-Fiscal General, Luis Martínez, así como los empresarios Miguel Menéndez (Mecafé) y Enrique Rais, entre otros. En todos estos casos se ha denunciado el uso de testigos falsos a quienes se ha proporcionado calidad de criteriados con tal de declarar contra los imputados.
Las investigaciones realizadas por la unidad dirigida por el fiscal Will Walter Ruiz está relacionada con el involucramiento de policías y militares, sobre todo de la zona oriental, en grupos de exterminio.
Ruiz también investigó un caso de supuesta corrupción dentro del sistema judicial en el que implicó al empresario Enrique Rais, su sobrino Hugo Blanco Rais y el ex fiscal Luis Martínez, entre otros.
Trascendió que los mencionados jefes fiscales están siendo investigados por su participación en el affaire “padre Toño” quien, después de haber sido condenado y puesto en libertad por el delito de introducción de ilícitos en los centros penales para favorecer a líderes de pandillas, fue traído de manera exprés desde España para demandar al ex fiscal Martínez y evitar así, que este pudiera recobrar su libertad por insuficiencia de pruebas en el caso Rais Martínez.
Abogados de la defensa, tanto del empresario Rais como de Martínez, son del criterio de que la trama urdida para mantener a Martínez en la cárcel, fue orquestada por los fiscales mencionados junto a los esposos, Mario y Claudia de Calderón.
El termino procesal para que Martínez fuera puesto en libertad se cumplió el 23 de agosto de 2018; sin embargo, El padre Toño fue traído de su lugar de residencia en España, el 25 de agosto de ese año y conducido directamente a la sede central de la Fiscalía donde se confeccionó la demanda contra Martínez para evitar que es recobrara su libertad. Todos estos hechos son del conocimiento del actual fiscal por lo que se están investigado de manera minuciosa.
Las declaraciones del fiscal Melara en el sentido de poner fin a las arbitradores señaladas y su decisión de hacer prevalecer los derechos del inocente también pusieron fin a la tensión generada por el anterior titular del MP y los jueces del país, quienes se quejaban de que con sus interferencias, Meléndez afectaba la independencia judicial.