Una acusación de la Fiscalía estadounidense presentada en contra de 13 líderes de la Mara Salvatrucha (MS-13) en una corte federal del Estado de Nueva York señala a dos altos funcionarios del Gobierno del presidente Nayib Bukele de haber negociado con las pandillas una reducción de homicidios a cambio de beneficios entre los años 2019 a 2021. De acuerdo con el documento hecho público el pasado jueves por el Departamento de Justicia, el Ejecutivo del presidente que ahora lidera una “guerra” contra las pandillas optó primero por una negociación durante al menos dos años para lograr una reducción de homicidios que beneficiara su popularidad.
Aunque la acusación fue presentada formalmente ante el tribunal de distrito de Nueva York el 22 de agosto de 2022, no fue conocida públicamente hasta este jueves, luego de la captura de tres líderes de la pandilla que se escondían y operaban en México y que se encuentran entre los 13 acusados. Los tres pandilleros capturados son Vladimir Antonio Arévalo Chávez, alias Vampiro de Monserrat Criminales; Walter Yovani Hernández Rivera, conocido como Baxter de Park View, y Marlon Antonio Menjívar Portillo, alias Rojo de Park View.
El documento fiscal detalla una serie de actividades criminales transnacionales de la MS-13, pero además señala negociaciones secretas de la pandilla con gobiernos salvadoreños anteriores así como con con el actual. Según el relato presentado en el tribunal, desde la llegada al poder de Bukele, en junio de 2019, dos altos funcionarios de su Administración se reunieron en reiteradas ocasiones con líderes pandilleros dentro de cárceles de máxima seguridad y en algunas ocasiones se hicieron acompañar por otros líderes pandilleros que gozaban de libertad. Los sujetos ingresaban a los penales vistiendo ropas oscuras, tapados de la cara y con camisas de mangas largas para cubrir sus tatuajes.
Los dos funcionarios mencionados son Osiris Luna, director general de prisiones, y Carlos Marroquín, director de la unidad de Reconstrucción de Tejido Social. Ambos funcionarios además fueron sancionados en diciembre de 2021 por el Departamento de Estado por los mismos señalamientos.
De acuerdo con la acusación, los funcionarios de Bukele lograron una drástica reducción de homicidios para fortalecer su popularidad a cambio de beneficios carcelarios, para los pandilleros modificaciones de leyes, y reducciones en las condenas. La pandilla además habría ofrecido ejercer su influencia en sus miembros, familiares y habitantes de las comunidades controladas para garantizar el triunfo del partido del presidente Bukele, Nuevas Ideas, en las elecciones de alcaldes y diputados realizadas en febrero de 2021.
A cambio, la pandilla pidió además la garantía de no-extradición de los máximos líderes a Estados Unidos. Entre 2021 y 2022, el Departamento de Justicia de Estados Unidos solicitó la extradición de 12 miembros de la MS-13 que forman parte de la cúpula de la pandilla llamada Ranfla. Sin embargo, hasta hoy, el Gobierno de Bukele no ha accedido a la petición.
Uno de los líderes solicitados en extradición es Elmer Canales Rivera, alias El Crook. Canales Rivera fue capturado en El Salvador en febrero de 2021. Cuatro meses después de su captura, Estados Unidos pidió su extradición. Sin embargo “el Gobierno de El Salvador liberó a Canales Rivera de la custodia, a pesar de la Notificación Roja de INTERPOL y la solicitud de extradición pendiente de los Estados Unidos”, señala el documento.
En mayo de 2022, un medio digital publicó una serie de audios en los que se escucha a Carlos Marroquín, director de Tejido Social, diciendo que él mismo había sacado a Crook de la cárcel y posteriormente lo fue a dejar a Guatemala para demostrara “lealtad y confianza” a la pandilla. Un año antes, el mismo medio también publicó que el Gobierno de Bukele negoció con las pandillas e intentó ocultar las pruebas.