La reciente liberación de un grupo de migrantes venezolanos que habían sido deportados por Estados Unidos y encarcelados en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) en El Salvador, ha puesto nuevamente bajo el foco la polémica sobre los 6 millones de dólares que el gobierno salvadoreño supuestamente recibió por su custodia. La interrogante ahora es: ¿qué sucede con esos fondos si los «huéspedes» previstos ya no están en la megacárcel?
El acuerdo, gestado por la administración de Donald Trump en EE. UU. con Nayib Bukele, preveía el pago de alrededor de 6 millones de dólares a El Salvador para la detención de más de 250 migrantes, señalados por Washington como presuntos miembros de pandillas como el Tren de Aragua y la MS-13. Se calculó un costo aproximado de $20,000 por recluso al año. Este arreglo permitía a Estados Unidos externalizar parte de su sistema de detención, mientras que para El Salvador representaba una fuente de ingresos significativa y una reafirmación de su política de «mano dura» contra las pandillas.
La Liberación Anticipada y el Intercambio de Prisioneros:
La sorpresa saltó a la luz con la noticia de que muchos de estos deportados venezolanos, tras pasar varios meses en el CECOT bajo condiciones que han sido duramente criticadas por organizaciones de derechos humanos, han sido liberados y regresados a Venezuela. Esta liberación se dio en el contexto de un complejo intercambio de prisioneros entre Estados Unidos y Venezuela, donde Caracas liberó a ciudadanos estadounidenses detenidos a cambio de la repatriación de sus connacionales.
Este desarrollo no solo añade una capa de complejidad a la diplomacia internacional y a la situación humanitaria de los migrantes, sino que también crea un nuevo enigma financiero: si el acuerdo de los 6 millones de dólares se basaba en la custodia de estos individuos por un período determinado, ¿qué ocurre con el remanente de esos fondos ahora que gran parte de los deportados ya no se encuentran en el CECOT?
El Silencio Oficial y la Falta de Transparencia:
Hasta el momento, el gobierno salvadoreño no ha emitido una declaración oficial detallada sobre el destino de los 6 millones de dólares, ni ha proporcionado un desglose de cómo se utilizaron o se planea utilizar los fondos restantes, si es que los hay. Esta falta de transparencia es una preocupación constante que ha sido señalada por organismos internacionales y la sociedad civil desde que se conoció el acuerdo.
La pregunta clave es si el dinero fue entregado en su totalidad por adelantado, o si se realizó en pagos escalonados en función del número de detenidos. Si el pago fue total y por adelantado para un año de custodia, el gobierno salvadoreño estaría en posesión de una cantidad considerable de fondos destinados a un propósito que ya no se cumple en su totalidad. Esto plantea la necesidad de una rendición de cuentas clara sobre cómo se manejará ese excedente.
Implicaciones y Cuestionamientos:
- Rendición de cuentas: La situación exige una auditoría y un desglose público sobre el uso de los $6 millones. ¿Se destinaron exclusivamente a los costos de detención de estos migrantes? ¿Hubo otros fines? La liberación anticipada hace aún más urgente esta transparencia.
- Acuerdos «opacos»: Este episodio refuerza las críticas a la opacidad de los acuerdos bilaterales entre Estados Unidos y El Salvador en materia migratoria y de seguridad. La falta de escrutinio público y legislativo en estos convenios genera incertidumbre y alimenta las sospechas.
- Costos operacionales del CECOT: Si el CECOT, como ha afirmado el gobierno, es en gran medida autosostenible, ¿cuál era la verdadera necesidad de los 6 millones de dólares adicionales? Esto podría sugerir que los costos de operación del CECOT son más altos de lo que se ha admitido, o que el dinero tenía otro fin.
- Vulnerabilidad de los deportados: Más allá de los aspectos financieros, la liberación de los migrantes no anula las denuncias sobre las condiciones de su detención ni la legalidad de su encarcelamiento en primer lugar, especialmente para aquellos que no contaron con un debido proceso judicial en El Salvador.
La historia de los 6 millones de dólares y los deportados del CECOT es un entramado de diplomacia, finanzas y derechos humanos. La liberación anticipada, según un presunto «contrato», de estos detenidos añade un nuevo capítulo a esta saga, dejando en el aire la pregunta sobre el destino de los fondos y la transparencia del gobierno salvadoreño en su gestión. La sociedad civil y la comunidad internacional esperan respuestas claras que permitan comprender plenamente lo sucedido con este millonario acuerdo.