Aunque la Quincena 25 ya es obligatoria para las instituciones del Estado y autónomas desde 2026, la mayoría de empresas privadas en El Salvador ha optado por no implementarla de forma voluntaria, pese a los incentivos fiscales anunciados por el Gobierno. La razón principal no es política ni ideológica, sino financiera.
La medida consiste en el pago anticipado del equivalente a una quincena a trabajadores con salarios menores a $1,500 mensuales, con el objetivo de aliviar la presión económica de los hogares en la llamada «cuesta de enero». Sin embargo, su aplicación ha puesto en evidencia la asimetría económica entre la gran empresa y la pequeña, así como las limitaciones de liquidez que enfrenta el tejido productivo nacional.
En 2026, la Quincena 25 es obligatoria para las oficinas del Estado y las autónomas, mientras que para el sector privado su aplicación es voluntaria. No obstante, el marco normativo establece que a partir de 2027 será obligatoria para todas las empresas, independientemente de su tamaño o sector.
Este calendario ha generado cautela en el sector privado, particularmente en las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes), que observan la medida como una obligación futura sin que existan aún mecanismos claros de acompañamiento financiero.
Para estimular la adopción anticipada, el Gobierno habilitó un incentivo fiscal único: las empresas que paguen la Quincena 25 en 2026 podrán deducir el monto total desembolsado en su Declaración del Impuesto sobre la Renta, que se presenta en el primer trimestre de 2027.
Sin embargo, el beneficio es no recurrente, lo que reduce su atractivo para empresas con flujos de caja ajustados. Economistas señalan que una deducción futura no compensa necesariamente una tensión inmediata de liquidez, especialmente cuando los ingresos empresariales no son constantes ni predecibles.
Para las mipymes, adelantar el pago de una quincena implica sacar recursos antes de haberlos generado, lo que en muchos casos obliga a recurrir a créditos de corto plazo, atrasar pagos a proveedores o sacrificar capital operativo.
Estas empresas suelen depender del flujo diario o semanal de ventas, enfrentan costos financieros elevados, acceso limitado al crédito formal y márgenes de ganancia estrechos. En ese contexto, la Quincena 25 se percibe como una carga adicional, incluso con la promesa de una deducción fiscal futura.
“No es falta de voluntad, es falta de caja”, resume un empresario del sector comercio consultado.
En contraste, las grandes empresas cuentan con respaldo financiero, reservas de liquidez y acceso a financiamiento, lo que les permite implementar la medida con menor impacto operativo. Aun así, la adopción tampoco ha sido generalizada.
Algunas compañías operan bajo estructuras corporativas regionales, con calendarios de pago estandarizados, mientras otras evalúan el impacto de que la Quincena 25 pase de ser un incentivo puntual a una obligación permanente a partir de 2027.
Un alivio para el trabajador, una presión para el empleador
Desde el punto de vista social, la Quincena 25 puede representar un alivio inmediato para los trabajadores, especialmente aquellos con ingresos bajos o moderados. Sin embargo, analistas advierten que la medida no sustituye políticas salariales estructurales, ni corrige el desbalance entre el costo de vida y los ingresos reales.
En cambio, el peso del ajuste recae sobre el empleador, sin distinción suficiente entre empresas con alta capacidad financiera y aquellas que operan al límite de su sostenibilidad.
Con la obligatoriedad prevista para 2027, el principal reto será evitar que la medida termine afectando el empleo formal, incentivando la informalidad o debilitando a las mipymes, que representan la mayor parte del empleo en el país.
Sin esquemas diferenciados, apoyos financieros reales o gradualidad por tamaño de empresa, la Quincena 25 corre el riesgo de convertirse en una política bien intencionada, pero económicamente desequilibrada.