La subcomisionada Karla Andrade, portavoz de la Policía Nacional Civil (PNC) negó el jueves ante periodistas que las ayudas que otorga Estados Unidos a las unidades de elite de la institución sirvan para el «exterminio» de pandilleros, tal y como afirmó la cadena de televisión CNN, sino que son para «profesionalizar» a los uniformados.
«Si hay una financiación, es para profesionalizar a la PNC para el cumplimiento de su misión y objetivos institucionales, que están en la línea de actuar bajo la legalidad», porque «la PNC no extermina pandillas, no extermina a nadie», dijo la vocero.
La PNC desmintió así una publicación de la cadena CNN en la que señala que «Estados Unidos ha financiado y equipado silenciosamente a agentes de elite de la policía paramilitar en El Salvador acusados de ejecutar extrajudicialmente a pandilleros».
Según la funcionaria, los cuerpos de seguridad existentes en el país son oficiales, dependientes de los ministerios de Justicia y de Defensa, lo que imposibilita el paramilitarismo en el interior de las fuerzas estatales.
Andrade, sin revelar cifras de dinero ni el tipo de capacitación, reconoció que las unidades especializadas entre ellas la denominada «Jaguares» que encabeza el combate de pandillas, reciben apoyos del Gobierno de Estados Unidos.
«Sin duda alguna deben de haber cursos que estén suministrándole a los compañeros de las secciones tácticas», apuntó la jefa policial, quien acotó que la PNC está agradecida porque esto «permite profesionalizar la institución».
El medio estadounidense también sostuvo en su publicación que la PNC «será ampliamente acusada» en junio próximo de mantener «un patrón de comportamiento del personal de seguridad que asciende a ejecuciones extrajudiciales» en un informe de la ONU.
«Si hay señalamientos particulares sobre exterminio, estamos abiertos a que se investigue cualquier tipo de aspecto en donde se pueda sacar a miembros de la PNC que puedan estar involucrados», apuntó Andrade.
CNN apuntó que «la relatora especial de la ONU para ejecuciones extrajudiciales, Agnes Callamard, destacará en su próximo informe que el 92 por ciento de las investigaciones contra la policía salvadoreña se desestiman en las primeras 72 horas, y muy pocas resultan en condenas».
Al ser consultada la representación de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Centroamérica sobre la veracidad de esta información no dieron respuesta, negando o afirmando lo dicho.
Callamard denunció en febrero pasado la existencia de un patrón de ejecuciones extrajudiciales y de atropellos en los cuerpos de seguridad del país, por lo que pidió al Gobierno «esfuerzos más serios» para eliminar esta lacra.
No obstante, el Gobierno salvadoreño se desliga de estas acusaciones y no reconoce las muertes de pandilleros en enfrentamientos con la PNC como ejecuciones extrajudiciales.