Ventiún representantes demócratas le pidieron al secretario de Estado, Marco Rubio, que responda si la Administración Trump le paga al gobierno del presidente de El Salvador, Nayib Bukele, para viabilizar el traslado de migrantes al Centro de Confinamiento del Terrorismo, conocido como CECOT, bajo el alegato de que forman parte de pandillas como el Tren de Aragua.
A través de una carta, los congresistas liderados por la de Illinois, Delia Ramírez, y la de Nueva York, Nydia Velázquez, indican que el traslado forzado a la cárcel de máxima seguridad expone a los detenidos a “riesgo inminente y bien documentado de tortura, abusos y otras graves violaciones de los derechos humanos”.
En la misiva, con fecha del 8 de abril, el grupo afirma que las transferencias, no solo violan leyes internacionales, también estatutos federales y el compromiso nacional de Estados Unidos con los derechos humanos.
“Esta práctica constituye una flagrante violación al principio de no devolución, piedra angular del derecho internacional de los derechos humanos que explícitamente prohíbe el traslado de individuos a cualquier país donde podrían enfrentar persecución y tortura. Este principio está firmemente establecido en la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, un tratado que EE.UU. firmó y ratificó en el 1998”, detallan los legisladores.
“Más aún, la Ley de Reforma y Reestructuración de Asuntos Exteriores de 1998 inequívocamente ordena que el gobierno estadounidense no debe, bajo ninguna circunstancia, expulsar, extraditar o devolver por la fuerza a personas a una nación donde haya motivos fundados para creer que serán sometidos a tortura”, continúa el documento.
El grupo de congresistas hace referencia a reportes de organizaciones de derechos humanos y periodistas investigativos que apuntan a que los procesamientos en CECOT constituyen violaciones de los derechos humanos fundamentales.
“Reportes han detallado superpoblación extrema, ausencia del debido proceso y uso sistemático de tortura, crueldad, y tratamiento inhumano y degradante”, señalaron.
En este contexto, los suscribientes mencionan los hallazgos de la relatora especial de las Naciones Unidas sobre la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, Alice Edwards, quien explícitamente ha alertado que las condiciones y tipos de restricciones físicas mostradas en visuales del CECOT y que han sido compartidas por el presidente Donald Trump en Truth Social, pueden facilitar actos de tortura y malos tratos, especialmente cuando se utilizan para obligar a los detenidos a adoptar posiciones de estrés.
La misiva además señala que, durante una conferencia de prensa reciente, Rubio alegó que lo que se negoció con las autoridades en el país centroamericano es “la realidad de que El Salvador cumple con todos los requerimientos internacionales de aprisionamiento“.
“Dada la abrumadora evidencia sobre lo contrario, nosotros exigimos que provea cualquiera y todas las garantías escritas por parte del presidente Nayib Bukele o su Administración atestiguando la adherencia de El Salvador a los estándares de derechos humanos internacionales para los detenidos en CECOT. Además, le pedimos que tome acción inmediata para detener todos los traslados de individuos a CECOT o a cualquier otra pisión en El Salvador, y a asegurar el total cumplimiento con las obligaciones legales bajo la ley doméstica e internacional”, sostienen.
El texto concluye con un emplazamiento a Rubio para que conteste varias preguntas específicas como si EE.UU. proveyó alguna compensación al gobierno de Bukele a cambio de ingresar a los migrantes transferidos, y, si ese es el caso, que suministre copia del acuerdo en su totalidad e información sobre la autoridad legal que faculta a EE.UU. a pagarle a otra nación para encarcelar indefinidamente a personas, incluso aquellas que no han sido convictas de un crimen.
Además cuestionan al secretario de Estado si la oficina que dirige llevó a cabo un análisis legal sobre si estos pagos constituyen una brecha a las obligaciones bajo la Ley de Reforma y Reestructuración de Asuntos Exteriores. Si ese es el caso, se le pide un reporte completo de los hallazgos.
Los demócratas solicitan además que, en vista de las declaraciones del Ministro de Exterior de El Salvador de que los individuos se encuentran detenidos en espera de la decisión de EE.UU. sobre su disposición a largo plazo, Rubio confirme si EE.UU. mantiene la autoridad sobre la custodia de cualquier individuo retenido en CECOT a expensas de los contribuyentes estadounidenses.
Adicional, piden especificar cómo EE.UU. tendría que atender y responder en los casos en los que una persona fue enviada por error a CECOT, como ocurrió con el salvadoreño Kilmar Ábrego García.
El lunes, el Tribunal Supremo federal suspendió hasta nueva orden la decisión de una corte inferior que decidió que el migrante fuera devuelto a EE.UU.
Los congresistas establecieron el 14 de abril como la fecha límite para que el Departamento de Estado responda a la solicitud de información.
Aparte de Velázquez y Ramírez, la carta fue firmada por los siguientes representantes: Eleanor Holmes Norton (D-DC), Alexandria Ocasio-Cortez (D-NY), Maxine Waters (D-CA), Lloyd Doggett (D-TX), John Garamendi (D-CA), Darren Soto (D-FL), Maxine Dexter (D-OR), Ayanna Pressley (D-MA), Rashida Tlaib (D-MI), Greg Casar (D-TX), Jennifer McClellan (D-VA), Jim McGovern (D-MA), Sylvia Garcia (D-TX), Yassamin Ansari (D-AZ), Ilhan Omar (D-MN), Robert Garcia (D-CA), Chuy Garcia (D-IL), Lori Trahan (D-MA), y Bonnie Watson Coleman (D-NJ).
El pasado lunes, la Corte Suprema también determinó que la Administración Trump puede continuar las deportaciones de venezolanos a El Salvador al amparo de la Ley de Enemigos Extranjeros (AEA) de 1798, que solo se había usado en tiempos de guerra.