El Partido Concertación Nacional (PCN) no apoyará la propuesta efemelenista de reformar el Código Penal para permitir el aborto en el país, aseguró Mario Ponce, jefe de fracción de la formación de centro derecha.
El partido «ha sido muy contundente en proteger y defender la vida de un ser humano, por ello nos oponemos totalmente a despenalizar el aborto», señaló el parlamentario.
«No vamos acompañar ninguna modificación de ley que cambie cualquier situación que permita la despenalización del aborto en el país», reiteró Ponce durante una entrevista televisada.
El diputado aseguró que el PCN estará «alerta y a la defensa para no permitir ninguna modificación y defender el derecho a la vida».
«El aborto es el asesinato más cruel, más macabro que pueda existir por eso no podemos reformar la ley para permitir que se cometan este tipo de actos», agregó.
La posición del Partido de Concertación coincide con la de los diputados de la Alianza Republicana Nacionalista (ARENA) y la Gran Alianza por la Unidad Nacional (GANA), quienes tampoco apoyarán una propuesta para despenalizar el aborto.
El pasado domingo, la Iglesia católica de El Salvador pidió a la Asamblea Legislativa desechar la iniciativa del oficialismo de despenalizar el aborto, lo que también impulsan organizaciones como Amnistía Internacional (AI) y Naciones Unidas.
En octubre de 2016, el gobernante Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) propuso al Congreso la despenalización del aborto en los casos de violación, riesgo de muerte de la madre o inviabilidad fetal, mientras la oposición ha pedido incrementar las penas por el aborto criminal hasta los 50 años de prisión.
El pasado 5 de febrero, la relatora especial sobre ejecuciones extrajudiciales de la ONU, Agnes Callamard, instó a El Salvador a declarar una «moratoria» para la aplicación de la prohibición del aborto, que a su juicio genera muertes arbitrarias atribuibles al Estado.
Una delegación de activistas proaborto de El Salvador denunció el pasado 9 de abril en el Parlamento Europeo (PE) la violencia reproductiva a la que según ellos se ven sometidas en su país y exigió la despenalización del aborto, que cuando es criminal y no accidental es tratado como un «homicidio agravado».
La legislación salvadoreña establece penas de entre seis meses y doce años para delitos relacionados con la interrupción criminal del embarazo, el delito no se aplica a abortos espontáneos o accidentales.