A partir de mayo en Nicaragua se comenzó a observar la participación de grupos paramilitares como arma para reprimir violentamente las protestas ciudadanas que estallaron en abril; aunque “su actuación más notoria se verificó en los meses siguientes”.
El informe final del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) confirma la existencia de estos “grupos paraestatales”, a los que dedica todo un capítulo.
De acuerdo con el informe del GIEI, “durante los hechos de violencia sucedidos a partir de la crisis de 2018 pudo verse la actuación de grupos con un alto poder de fuego y organización que salieron a las calles utilizando armas de guerra”.
Estos grupos paramilitares mostraron “un nivel de organización y preparación muy superior al de los tradicionales ‘grupos de choque’ o ‘turbas’”, que el orteguismo había venido empleando a lo largo de once años, destacaron los expertos del GIEI, seleccionados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para Nicaragua.
Asimismo, dice el informe, “se los vio utilizando camisas de algún color como distintivo”.
Cuando habla de “grupos paraestatales”, el GIEI se refiere a “los diversos grupos de personas que asumen funciones represivas sin identificarse como funcionarios policiales o estatales, pero que actúan de manera coordinada con la Policía Nacional”.
Y en esa clasificación también entran las turbas y los grupos de choque.
Estos últimos se conformaron a finales del 2007 e inicios del 2008. Y “una de las primeras ocasiones en las que se tiene registro (de su participación) fue en las elecciones municipales del 2008, cuando se enfrentaron y agredieron a simpatizantes de la oposición que reclamaban por los resultados electorales”, señala el contundente informe.
En el caso de los paramilitares, según la información reunida por el GIEI, “cuando el Gobierno reorganizó su estrategia de represión frente a la sostenida movilización y protesta social, un grupo de militantes históricos cercanos a Ortega se dedicaron a visitar varias ciudades del país a fin de reclutar exmilitares, desmovilizados del Servicio Militar Patriótico, oficiales retirados del Ministerio del Interior y militantes históricos, para integrarlos a los grupos paraestatales. Algunos de los reclutadores eran altos oficiales del Ejército en condición de retiro”.
El informe también denuncia la violencia estatal ejercida contra los ciudadanos, las investigaciones sesgadas y los procesos judiciales irregulares en el marco de la crisis que atraviesa Nicaragua.
Con informes de La Presa de Nicaragua