Investigaciones periodísticas aseguran que familiares del ministro de Salud y primer responsable de las operaciones de gobierno en el combate al coronavirus, Francisco Alabí, se habrían beneficiado al vender al Ejecutivo de Nayib Bukele botas de hule por un cuarto de millón de dólares.
La compra se habría realizado a una empresa propiedad de la familia del funcionario. La empresa tiene como giro de operaciones normales la venta de repuestos para vehículos.
La compra de las botas fue autorizada el día 17 de abril por el mismo ministro Alabi y el detalle del negocio se encuentra alojado en el Sistema Electrónico de Compras Públicas (COMPRASAL).
En dicho sistema se detalla que la compra es de 30 mil pares de botas de hule, marca “Tornado”, a un precio unitario de $7.50 sin IVA incluido. Sin embargo, en el documento de orden de compra de bienes y servicios con número 133/2020 aparece la firma del ministro Alabi y la de Celina Quiñónez, quien es presidenta y representante legal de una empresa que se dedica a vender repuestos para vehículos llamada Autodo S.A de C.V., propiedad de la familia del funcionario.
Varios medios destacan que Celina Quiñones es tía política de Alabi, madre de sus primos hermanos: José Ángel, Gonzálo y Violeta Montoya Quiñonez. Todos ellos también aparecen como miembros de la junta directiva de la empresa, según el Centro Nacional de Registros (CNR).
Según el CNR, Autodo S.A de C.V. es una empresa que fue fundada en 1985, que se dedica a la venta de repuestos para vehículos y cuenta con un capital de $35 mil.
La categoría de esa orden está registrada en el portal como “compras por emergencias. Según expertos en temas de transparencia, el Gobierno ha utilizado la emergencia para realizar compras directas, saltándose la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (LACAP); sin embargo, dicen, no es ético favorecer a una empresa familiar.
Durante la emergencia por la covid-19, el Gobierno ha tenido dos mecanismos para saltarse la LACAP y hacer compras directas. La Asamblea Legislativa aprobó una ley de estado de emergencia con la que suspendió la LACAP y autorizó al Ministerio de Hacienda para que fuera el encargado de los lineamientos a seguir por el Gobierno Central y las municipalidades.
El Gobierno también ha hecho uso de un fondo de emergencia para compras directas a través de la Ley del Fondo de Protección Civil, Prevención y Mitigación de Desastres (Fopromid). “Los fondos de Fopromid se pueden utilizar en dos momentos: uno para prevenir un desastre y otro cuando estamos en estado de emergencia”, dijo recientemente la presidenta de la Corte de Cuentas de la República, Carmen Rivas.