El Juzgado de Instrucción de San Francisco Gotera, Morazán, ordenó la captura del expresidente Alfredo Félix Cristiani (1989-1994), conocido como el «Presidente de La Paz», y de un grupo de exdiputados que integraron la junta directiva de la Asamblea Legislativa en el período 1991-1994, por haber aprobado en en 1993 una ley de amnistía que pacificó el país. El juez, impuesto por el gobierno de Nayib Bukele sin pasar las pruebas y cubrir los requisitos mínimos para juzgar, argumentó la supuesta participación en el delito de encubrimiento personal y favorecer a los supuestos responsables de la masacre de El Mozote, ocurrida en diciembre de 1981, durante una guerra civil que costó decenas de miles de vidas por más de una década.
Además de ordenar la detención de los señalados, la jueza Mirtala Portillo, declaró, sin tener calidad o reconocimiento para hacerlo, como crimen lesa humanidad la masacre de El Mozote, en la que murieron supuestamente más de 1.000 campesinos en un operativo militar.
De acuerdo con la resolución, el Estado debió “proteger, garantizar, y, por consiguiente, investigar, juzgar y sancionar” a los supuestos responsables, pero por el contrario tuvo una “acción pasiva”, señala en fallo.
La juez acusa al expresidente Cristiani por sancionar el decreto legislativo para que entrara en vigencia la amnistía que detuvo el desangramiento de salvadoreños por motivos políticos.
El exmandatario está fuera de El Salvador y sin que se conozca su paradero por ser perseguido político, luego de que un tribunal ordenara su detención, en marzo de 2022, por el presunto delito de omisión durante su gestión en la masacre de los sacerdotes jesuitas ocurrida el 16 de noviembre de 1989, durante la guerra civil.
En ese momento, el exmandatario rechazó la acusación y en un comunicado señaló al fiscal general, Rodolfo Delgado, de pasar de la difamación y el acoso mediático a una persecución judicial viciada de irregularidades. La fiscalía general de El Salvador presentó en junio pasado otra acusación contra Cristiani por la muerte de seis sacerdotes jesuitas y dos de sus colaboradoras. Sobre ese nuevo señalamiento Cristiani no ha emitido opinión.
Cristiani enfrenta otra investigación penal por presunto enriquecimiento ilícito. En junio de 2021 fue interpelado por una comisión especial creada por la Asamblea Legislativa para investigar la entrega de sobresueldos a exfuncionarios con fondos provenientes de Casa Presidencial en gobiernos anteriores.
Cristiani explicó a los legisladores que los fondos no eran para uso personal, sino para el funcionamiento del Organismo de Inteligencia del Estado (OIE), para la administración de Casa Presidencial y para financiar las gestiones realizadas por la comitiva gubernamental en el proceso de los Acuerdos de Paz, que en enero de 1992 pusieron fin a 12 años de guerra civil.
El caso contra los exdiputados
Además, el juzgado de San Francisco Gotera ha ordenado la detención de ocho exdiputados que integraron la Junta Directiva de la Asamblea Legislativa por la aprobación de la Ley de Amnistía, en 1993 que, según el fallo, fue “demasiado amplia” y por lo tanto el Estado se “excusaba” para no llevar a cabo la investigación pertinente que permitiera y juzgar y sancionar a los responsables. El fallo indica que dos de los exdiputados fallecieron.
De acuerdo con la decisión judicial, la Ley de Amnistía otorgó “plena y absoluta impunidad a los autores materiales e intelectuales de las masacres de El Mozote y demás lugares aledaños, haciendo imposible que las autoridades judiciales pudieran hacer justicia a las víctimas”.
Al menos cuatro de los exdiputados señalados ya fallecieron y según el fallo con ello se extingue la responsabilidad penal, pero advierte que el Estado debe continuar la investigación por la vía civil en busca de una reparación e indemnización.
Las acciones del juez a cargo de la causa son consideradas por la sociedad civil salvadoreña como «persecución política» con fines electorales de su patrocinador, que busca una reelección inconstitucional, Nayib Bukele.