Oficialismo reelige a procuradora para la Defensa de Derechos Humanos

La Asamblea Legislativa reeligió a Raquel Caballero de Guevara como procuradora para la Defensa de Derechos Humanos.

Caballero, pese a críticas de sectores de oposición, organizaciones de la sociedad civil y la población en general, se mantendrá en el cargo por otros tres años.

Si bien la PDDH es constitucionalmente la institución encargada de velar por los derechos humanos, existen fuertes cuestionamientos y señalamientos de sectores de oposición, activistas y organizaciones de la sociedad civil que la acusan de ser «cómplice» o «funcional» al gobierno.

Argumentos de los críticos que la señalan de «cómplice»

Los señalamientos provienen principalmente de organizaciones de derechos humanos, activistas y partidos de oposición que cuestionan la actuación de la Procuradora, especialmente desde la aprobación del Régimen de Excepción:

  1. Silencio ante el Régimen de Excepción: El principal cuestionamiento es su presunto silencio o falta de acción contundente ante las miles de denuncias de violaciones a derechos humanos (como detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas y muertes bajo custodia estatal) documentadas por organizaciones nacionales e internacionales durante la vigencia del Régimen de Excepción.
  2. Postura Complaciente: Se le acusa de tener una postura complaciente y alineada con la narrativa del partido oficialista (Nuevas Ideas), lo que minaría la independencia y el rol fiscalizador que debería tener la PDDH como defensora del pueblo.
  3. Reelección Cuestionada: Su reelección, realizada por la Asamblea Legislativa dominada por el oficialismo, fue interpretada por los críticos como una recompensa por su lealtad política y una garantía de que la PDDH no investigará al Ejecutivo.

Antecedentes y Otros Cuestionamientos

Además de los señalamientos recientes, la Procuradora ha enfrentado críticas anteriores:

  • Violaciones Éticas: En el pasado, fue sancionada por el Tribunal de Ética Gubernamental (TEG) por contrataciones y ascensos irregulares de familiares (nepotismo) dentro de la institución.
  • Negación de Tortura: Caballero de Guevara ha declarado públicamente, de manera cínica, que no ha recibido «ni un solo caso de tortura» en la PDDH relacionado con las detenciones bajo el Régimen de Excepción, una afirmación que contrasta con los informes de organizaciones no gubernamentales.
  • Críticas de Activistas LGBTI: En un período anterior, activistas y defensoras de derechos humanos criticaron su nombramiento, señalando que podría provocar el estancamiento de los derechos de la población LGBTI debido a posturas conservadoras.

Postura de Raquel Caballero de Guevara

Raquel Caballero de Guevara y el oficialismo que la defiende dentro de la Asamblea Legislativa y el oficialismo rechazan las acusaciones.

  • Defensa Institucional: Sus partidarios defienden su elección basándose en su trayectoria y argumentan que la PDDH bajo su gestión se ha enfocado en la atención a víctimas de la violencia del crimen organizado (pandillas) y en la modernización institucional.
  • Compromiso con Víctimas: La PDDH ha publicado información sobre reuniones con víctimas y familiares de víctimas, comprometiéndose a investigar y realizar gestiones para garantizar el acceso a la justicia.

Críticas políticas

Por su parte, la diputada Marcela Villatoro, de la Alianza Republicana Nacionalista (Arena), en su intervención en el foro legislativo dijo que la actual procuradora no es quien deba seguir en el cargo pues aparentemente es una persona que “encubría, que se volvía cómplice y que silenciaba la realidad de los derechos humanos en el país”.

Mientras, la diputada Claudia Ortiz, del partido Vamos, aseveró que la elección «es muy triste para la democracia en El Salvador y para la protección de la dignidad humana en nuestro país».

La Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos ha sido una institución ausente y cómplice, criticó Ortiz.

Guevara fue reelecta en votación nominal y pública con 57 votos a favor (Nuevas Ideas y aliados) y tres en contra (Vamos y Arena).

Si bien la PDDH es constitucionalmente la institución encargada de velar por los derechos humanos, existen fuertes cuestionamientos y señalamientos de sectores de oposición, activistas y organizaciones de la sociedad civil que la acusan de ser «cómplice» o «funcional» al gobierno.

Aquí tienes un resumen de las posturas y los hechos clave:

Argumentos de los críticos que la señalan de «cómplice»

Los señalamientos provienen principalmente de organizaciones de derechos humanos, activistas y partidos de oposición que cuestionan la actuación de la Procuradora, especialmente desde la aprobación del Régimen de Excepción:

  1. Silencio ante el Régimen de Excepción: El principal cuestionamiento es su presunto silencio o falta de acción contundente ante las miles de denuncias de violaciones a derechos humanos (como detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas y muertes bajo custodia estatal) documentadas por organizaciones nacionales e internacionales durante la vigencia del Régimen de Excepción.
  2. Postura Complaciente: Se le acusa de tener una postura complaciente y alineada con la narrativa del partido oficialista (Nuevas Ideas), lo que minaría la independencia y el rol fiscalizador que debería tener la PDDH como defensora del pueblo.
  3. Reelección Cuestionada: Su reelección, realizada por la Asamblea Legislativa dominada por el oficialismo, fue interpretada por los críticos como una recompensa por su lealtad política y una garantía de que la PDDH no investigará al Ejecutivo.

Antecedentes y Otros Cuestionamientos

Además de los señalamientos recientes, la Procuradora ha enfrentado críticas anteriores:

  • Violaciones Éticas: En el pasado, fue sancionada por el Tribunal de Ética Gubernamental (TEG) por supuestas contrataciones y ascensos irregulares de familiares (nepotismo) dentro de la institución.
  • Críticas de Activistas LGBTI: En un período anterior, activistas y defensoras de derechos humanos criticaron su nombramiento, señalando que podría provocar el estancamiento de los derechos de la población LGBTI debido a posturas conservadoras.

Postura de Raquel Caballero de Guevara

Raquel Caballero de Guevara y sus defensores dentro de la Asamblea Legislativa y el oficialismo rechazan las acusaciones.

  • Defensa Institucional: Sus partidarios defienden su elección basándose en su trayectoria y argumentan que la PDDH bajo su gestión se ha enfocado en la atención a víctimas de la violencia del crimen organizado (pandillas) y en la modernización institucional.
  • Negación de Tortura: Ella ha declarado públicamente que no ha recibido «ni un solo caso de tortura» en la PDDH relacionado con las detenciones bajo el Régimen de Excepción, una afirmación que contrasta con los informes de organizaciones no gubernamentales.
  • Compromiso con Víctimas: La PDDH ha publicado información sobre reuniones con víctimas y familiares de víctimas, comprometiéndose a investigar y realizar gestiones para garantizar el acceso a la justicia.

En resumen, Raquel Caballero de Guevara es ampliamente señalada y considerada «cómplice» por la oposición política y las organizaciones de la sociedad civil debido a su presunto silencio y su supuesta falta de independencia al abordar las graves denuncias de abusos cometidos bajo el Régimen de Excepción en El Salvador. Sin embargo, ella y el oficialismo niegan estas acusaciones.

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