La Asamblea Legislativa de El Salvador dio luz verde el pasado martes a la gestión de nueva deuda externa por un monto total que supera los $500 millones de dólares, lo que impulsará aún más la ya elevada deuda pública del país. La decisión, tomada en la sesión plenaria del 11 de noviembre, consolida el balance de la deuda salvadoreña en niveles históricos, superando los $33 mil millones de dólares.
Títulos de Crédito y Préstamos del BID
Las dos principales operaciones aprobadas por el congreso incluyen la emisión de títulos de crédito y la suscripción de un préstamo con una institución financiera internacional:
- Títulos Valores de Crédito ($344 millones): Se autorizó al Gobierno a emitir hasta $344 millones en Títulos Valores de Crédito. Según el dictamen legislativo, estos fondos serán destinados principalmente a financiar proyectos estratégicos de desarrollo sostenible y a realizar operaciones de manejo de pasivos (gestión de la deuda existente).
- Préstamo para Desarrollo Urbano ($170 millones): Se ratificó un contrato de préstamo por $170 millones de dólares con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Este crédito está específicamente dirigido a financiar el Programa de Desarrollo Urbano Sostenible en los municipios de Santa Tecla y La Libertad, con miras a mejorar la infraestructura y la calidad de vida en esa área metropolitana.
La suma de estas dos principales autorizaciones asciende a $514 millones de dólares.
Deuda Pública Sigue Creciendo
Con estas nuevas aprobaciones, la deuda pública total de El Salvador se mantiene en una trayectoria de crecimiento.
Según las últimas cifras de referencia para el tercer trimestre de 2025, el saldo total de la deuda del Sector Público No Financiero (SPNF) y pensiones se ubicaba en una cifra superior a los $33,000 millones de dólares. La incorporación de estos $514 millones incrementará ese saldo, generando un debate constante sobre la sostenibilidad fiscal a largo plazo.
Analistas económicos han señalado que, si bien los préstamos con organismos multilaterales como el BID suelen ser concesionales y con tasas de interés favorables, el volumen general de la deuda exige que las autoridades garanticen una ejecución transparente y eficiente de los proyectos financiados para asegurar el retorno de la inversión y evitar que la carga se vuelva insostenible para futuras generaciones.
La prioridad inmediata del Gobierno, tras estas aprobaciones, será la colocación de los bonos y la gestión del desembolso de los préstamos internacionales.