La bancada legislativa de Nuevas Ideas, el partido del presidente Nayib Bukele, puso en marcha un proceso para reformar la Constitución de la República, con el objetivo principal de eliminar los límites a la reelección presidencial y abrir la puerta a la permanencia indefinida en el poder.
La iniciativa, que ha generado un amplio debate y fuertes críticas, llega apenas dos meses después de que Bukele asumiera su segundo mandato consecutivo inconstitucional, un hecho que fue posible gracias a una reinterpretación judicial de la Carta Magna.
La propuesta, que fue presentada y votada esl jueves con dispensa de trámites y antes de que los diputados oficialistas se vayan de vacaciones, busca modificar varios artículos constitucionales para homologar las condiciones de reelección del Presidente de la República con las de otros cargos de elección popular, como alcaldes y diputados. Argumentan los legisladores oficialistas, como la diputada Ana Figueroa, que «los salvadoreños deben tener el poder de decidir hasta cuándo desean apoyar el trabajo de cualquier funcionario público, incluyendo a su presidente».
El Camino Abierto por el Artículo 248:
Este movimiento no es una sorpresa para muchos analistas políticos y críticos del gobierno. Desde enero de 2025, la Asamblea Legislativa, dominada por Nuevas Ideas, ratificó una reforma al artículo 248 de la Constitución, que regula el proceso para modificar la Carta Magna. Esta reforma, promovida bajo el pretexto de eliminar el financiamiento público a los partidos políticos, allanó el camino para que una misma legislatura apruebe y ratifique enmiendas constitucionales, un cambio que elimina el control cruzado que existía anteriormente y que garantizaba el estado de derecho en El Salvador.
La ratificación de esta reforma fue vista por la oposición y por organizaciones como Amnistía Internacional como un paso decisivo para «cambiar la Constitución a la carta» y permitir que la reelección indefinida se convierta en una realidad legal. Los críticos argumentan que esta medida concentra aún más el poder en manos del Ejecutivo y desmantela los contrapesos democráticos.
Reacciones y Preocupaciones por la Democracia:
La iniciativa ha sido recibida con una oleada de preocupación por parte de la oposición política, la sociedad civil y la comunidad internacional. Históricamente, la reelección presidencial inmediata ha sido considerada una «cláusula pétrea» de la Constitución salvadoreña, un pilar fundamental para garantizar la alternabilidad en el poder y prevenir el establecimiento de dictaduras.
Organizaciones de derechos humanos y analistas jurídicos señalan que esta reforma representa un grave retroceso para el estado de derecho en El Salvador. Argumentan que, al eliminar la alternancia, se debilita la capacidad de los ciudadanos para fiscalizar a sus gobernantes y se abre la puerta a la perpetuación en el poder, una dinámica que ha llevado a crisis políticas en otros países de la región.
Próximos Pasos en el Proceso Legislativo:
La propuesta de reforma, una vez aprobada por la actual Asamblea Legislativa, deberá ser ratificada en una segunda votación. Con una mayoría calificada de 54 de 60 escaños, el partido Nuevas Ideas tiene el control absoluto para llevar adelante este proceso sin necesidad de negociar con la oposición.
La diputada Figueroa, al presentar la iniciativa, también mencionó otros puntos que buscan reformar, como la extensión del periodo presidencial a seis años y la eliminación de la segunda vuelta electoral. Estas propuestas, que también han sido aprobadas en esta misma sesión plenaria, buscarían consolidar la visión de un sistema político en el que el partido oficialista mantenga un control férreo sobre el poder, reafirmandose como una dictadura.
En resumen, la presentación de esta reforma constitucional marca un momento crítico para la democracia salvadoreña. Con la eliminación de los mecanismos de control y la intención declarada de permitir la reelección indefinida, el país se adentra en un camino que genera serias interrogantes sobre el futuro de su sistema político y el respeto a sus instituciones democráticas.