La Cámara Segunda de lo Penal de San Salvador instaló el miércoles el juicio contra el excandidato presidencial y diputado del Parlamento Centroamericano Norman Quijano, procesado por los delitos de fraude electoral y de asociaciones ilícitas, por supuestamente haber pactado beneficios para las pandillas a cambio de que lo apoyaran en los comicios presidenciales de 2014.
La acusación de la Fiscalía se refiere a presuntas negociaciones de Quijano con los cabecillas de las pandillas Mara Salvatrucha (MS-13) y Barrio 18 para que le ayudaran a ganar la elección presidencial, en la que finalmente triunfó el excomandante guerrillero Salvador Sánchez Cerén, del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN).
La Fiscalía afirma que Quijano prometió, entre otras cosas, beneficios económicos, reducir el nivel de operatividad de la policía contra las pandillas y programas de reinserción a favor de sus integrantes.
La fiscal que lleva el caso, que no se identificó por seguridad, explicó que días antes de la segunda vuelta electoral de 2014, Quijano se reunió con cabecillas de las dos pandillas y “realizó negociaciones ilícitas en las cuales hizo ofrecimientos de beneficios a estas pandillas”.
El juicio, al que se negó el acceso a la prensa, se instaló pese a la ausencia de Quijano, debido a que el Código procesal penal del país fue reformado en 2022 para poder enjuiciar a un imputado aún sin estar presente. Además, Quijano goza de fuero constitucional, el cual no es respetado por las autoridades que le persiguen presuntamente por órdenes de la presidencia de la República.
“Durante el desarrollo (del juicio), la Fiscalía va a presentar la prueba documental pericial y testimonial que ya fue admitida en la audiencia preliminar del caso para estos delitos”, dijo a los periodistas la fiscal del caso.
Salió del país el 30 de abril de 2021, cuando faltaban pocas horas para que llegara a su fin el periodo legislativo en el la Asamblea Legislativa y el fuero constitucional que impedía que las autoridades lo capturaran. Se desconoce su paradero.
En diciembre de ese año, la Asamblea, fuera de jurisdicción y legalidad alguna decidió quitarle a Quijano el fuero de diputado del Parlamento Centroamericano (PARLCEN) luego de que el Ministerio Público lo pidiera por segunda vez. La solicitud fue acompañada por una serie de audios y vídeos que ya están en poder de los tribunales de justicia.
Los abogados de Quijano alegaron que el proceso de desafuero fue ilegal, porque no le correspondía al Congreso salvadoreño retirarle la protección constitucional, sino al PARLACEN. Los jueces desestimaron ese alegato.
La Fiscalía presentó la acusación contra Quijano el 1 de mayo de 2021 y una semana después, un juzgado giró orden de captura en su contra. También pidió a la Interpol que emitiera una notificación roja de búsqueda y captura, pero ésta no fue aceptada por la corporación mundial policial, por formar parte, según indicó, de una persecución política viciada y sin asidero jurídico alguno.