La falta de información oficial marca el panorama de las muertes ocurridas en las cárceles de El Salvador bajo el régimen de excepción, que en marzo cumplirá cuatro años. Según el informe presentado por la organización Socorro Jurídico Humanitario (SJH), la violencia física aparece como la principal causa de fallecimientos, con cerca del 32 % de los al menos 470 casos documentados. Sin embargo, estos datos provienen únicamente de testimonios de familiares, ya que las autoridades mantienen bajo secreto cualquier registro oficial.
El informe detalla que el 31.8 % de las muertes fueron violentas y un 31.6 % se atribuye a la falta de atención médica. En otro 31.1 % de los casos, simplemente “se desconoce” la causa, reflejo de la ausencia de información verificable. El resto se distribuye entre enfermedades terminales (4.7 %) y aparentes suicidios (0.9 %). La opacidad institucional impide confirmar estas cifras, pues en la mayoría de los casos no hubo inspección policial ni reconocimiento por homicidio.
SJH denuncia que, pese a que muchos cuerpos presentaban señales de violencia, las autoridades clasificaron los decesos bajo la figura de “sobreaveriguar muerte”, evitando que fueran contabilizados como homicidios y, por tanto, investigados. En numerosos casos, los cadáveres fueron entregados en ataúdes sellados, impidiendo a las familias verificar el estado de sus parientes. Incluso se reporta la presencia de policías o militares en velorios, con el aparente propósito de intimidar a los dolientes.
Régimen de excepción y ausencia de transparencia
El régimen de excepción fue instaurado en marzo de 2022 tras una ola de violencia atribuida a las pandillas, que dejó más de 80 muertos en un fin de semana. Desde entonces, el Gobierno del presidente Nayib Bukele ha defendido su continuidad con el respaldo de la Asamblea Legislativa, dominada por el partido oficialista Nuevas Ideas. No obstante, el informe de SJH subraya que el 94 % de los fallecidos no eran pandilleros ni tenían antecedentes criminales relacionados con estas estructuras.
La prisión de Izalco concentra la mayoría de muertes registradas, con 192 casos. En contraste, en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), la megacárcel inaugurada como símbolo del combate a las pandillas, el informe documenta cuatro fallecimientos, mientras las autoridades insisten en que no se ha producido ninguno. La contradicción entre los testimonios y el silencio oficial refuerza la percepción de que la información sobre las muertes en prisión permanece deliberadamente oculta.