En una jornada marcada por el contraste entre las cifras macroeconómicas y la realidad del bolsillo ciudadano, la bancada del partido Nuevas Ideas, que posee la mayoría calificada en la Asamblea Legislativa, rechazó el jueves la propuesta de reforma legal que buscaba reducir el Impuesto al Valor Agregado (IVA) del 13% al 6.5% para los productos que integran la canasta básica.
La iniciativa, impulsada por sectores de la oposición, pretendía aliviar la carga económica de las familias salvadoreñas en un contexto donde, según datos recientes, más del 61% de la población asegura que sus ingresos mensuales no alcanzan para cubrir sus gastos básicos.
La propuesta, presentada formalmente por la diputada Claudia Ortiz (VAMOS), planteaba una reducción temporal y focalizada del impuesto al consumo. Según la legisladora, la medida era necesaria ante la «precaria situación» de los hogares más vulnerables, quienes destinan la mayor parte de sus ingresos a la alimentación.
«Mientras el Gobierno celebra un crecimiento del 4%, en los mercados la gente está dejando de comprar carne o leche porque el dinero ya no alcanza. Reducir el IVA a la mitad en la canasta básica no es un regalo, es un acto de justicia para quienes viven al día», sostuvo Ortiz durante su intervención en el pleno.
Por su parte, los diputados de la bancada cian y sus aliados justificaron su rechazo argumentando que una reducción de este tipo abriría un «agujero fiscal» que comprometería la inversión en seguridad y obra pública. Los legisladores de Nuevas Ideas sostuvieron que la verdadera solución a la pobreza es el crecimiento económico que el país está experimentando bajo el liderazgo del presidente Nayib Bukele.
El jefe de fracción de Nuevas Ideas, Christian Guevara, ha reiterado en ocasiones anteriores que las medidas populistas de reducción de impuestos suelen ser aprovechadas por los intermediarios y no siempre llegan al consumidor final. «Nuestra apuesta es generar empleo e inversión para que la gente tenga mejores ingresos, no debilitar al Estado en un momento de transformación», señalan las posturas oficiales.
El rechazo a la medida ocurre en la misma semana en que el Banco Central de Reserva (BCR) reveló cifras alarmantes sobre la exclusión financiera en el país. El estudio mostró que 4 de cada 10 salvadoreños viven «al día», lo que refuerza la preocupación de organizaciones de la sociedad civil sobre el impacto que el alto costo de la vida está teniendo en la seguridad alimentaria.
Expertos económicos han señalado que, si bien la disciplina fiscal es importante para los acuerdos con organismos como el FMI, la falta de medidas compensatorias ante la inflación alimentaria podría derivar en un deterioro del tejido social a mediano plazo.
Tras el archivo de esta propuesta, se espera que el Ejecutivo anuncie en las próximas semanas nuevas fases de sus «Mercados Móviles» o agromercados, los cuales han sido la apuesta principal del gobierno para intentar contener los precios de frutas y verduras, aunque para la oposición estas medidas siguen siendo insuficientes para cubrir la demanda nacional de productos básicos.