Un total de 3.329 privados de libertad, entre miembros de pandillas y civiles, fueron trasladados desde diferentes bartolinas del país hacia centros penales, como una medida para «descongestionar las prisiones», informó un portavoz de la Policía Nacional Civil (PNC).
El inspector Walter Guillén explicó que los trasladados se realizaron entre finales de diciembre de 2018 y enero del año en curso e indicó que del total de reos movilizados, 1.298 son miembros de la Mara Salvatrucha (MS13), 56 del Barrio 18, 42 de la pandilla minoritaria Mao Mao y 1.933 civiles.
El portavoz de la corporación policial señaló que los traslados se hicieron «atendiendo a un decreto transitorio aprobado el año pasado por la Asamblea Legislativa».
El decreto -con vigencia de un año y que abarca a privados de libertad cuyos procesos judiciales se encuentran en fase de audiencias con medidas de detención provisional- fue aprobado el 15 de diciembre de 2018 con los votos de 76 diputados de los 84 en la Asamblea Legislativa.
El objetivo de la medida es disminuir el hacinamiento en diferentes calabozos de la Policía Nacional Civil (PNC) y dar cumplimiento a un fallo emitido en el 2016 por la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
En junio de 2016, la CSJ declaró inconstitucional el «hacinamiento en cárceles y calabozos de El Salvador», especialmente los ubicados en las localidades de Quezaltepeque, Soyapango y San Vicente.
El Gobierno prevé, al final la Administración de Salvador Sánchez Cerén, en junio de 2019, que la sobrepoblación llegue a un 130 %, que será «muy inferior al promedio de la región».
El Ejecutivo ha llevado a cabo diferentes proyectos de infraestructura penitenciaria que han permitido una reducción «considerable» del hacinamiento, pasando de un 400 % en 2016 a un 135 % en la actualidad.