El diputado de la Democracia Cristiana, Rodolfo Parker, cuestionó la compra de 33 mil toneladas de maíz al estado mexicano de Sinaloa, por una cantidad de $23 millones, cuando la tonelada métrica de maíz blanco azteca se estima a un precio de $153.15.
En dólares, la compra debería de ser por cerca de 6 millones por las toneladas adquiridas, lo que presentaría un sobre precio de unos $18 millones en los productos adquiridos.
El diputado dijo a periodistas: «esa transacción fue de 23 millones, por Dios».
La Comisión de Hacienda de la Asamblea Legislativa conoció el lunes, por tercera ocasión, la solicitud del Ministerio de Hacienda para la transferencia presupuestaria de los $23 millones al Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) por los fondos reorientados que fueron utilizados para la compra de los granos básicos.
La semana anterior, el ministro Pablo Anliker fue convocado para explicar la transferencia, sin embargo el funcionario no asistió ni dio explicación por su inasistencia.
Hacienda reorientó temporalmente los fondos del MAG «bajo el compromiso que dichas asignaciones le fueran reintegradas, puesto que de no hacerlo, se generaría un desfinanciamiento crítico para cubrir remuneraciones y otros gastos indispensables para la continuidad de la prestación de los servicios de ese ramo”.
El ministro Pablo Anliker decidió utilizar los $23 millones para la compra a proveedores de Sinaloa, México, para incluir los granos en el programa de canastas alimentarias del Gobierno.
El diputado Parker recomendó a la comisión que se remita el expediente a la Corte de Cuentas de la República (CCR) para que se investigue el precio de los granos en la bolsa de valores de México; así también, que se entregara un informe a la Fiscalía General de la República (FGR) por las posibles ilegalidades.
Al 20 de Julio de 2020 el precio se cotiza de la siguiente manera:
Algunos diputados del Congreso dijeron a periodistas que el ministro Anliker podría ser interpelado por la compra y las transferencias presupuestarias.
Anliker fue convocado una vez más a la comisión para responder las preguntas de los legisladores, dependiendo de los resultados de las explicaciones que rinda el funcionario, se considerará continuar conociendo el caso en la comisión o llevarlo a las instituciones legales para deducir responsabilidades penales.