El presidente venezolano desoye los llamamientos de la comunidad internacional e ignora el mensaje lanzado por las fuerzas opositoras en la movilización masiva del pasado domingo. Nicolás Maduro no está dispuesto a renunciar a las elecciones de una Asamblea Nacional Constituyente convocadas para el día 30 a pesar de la petición de millones de ciudadanos, chavistas desencantados con la deriva del régimen y las amenazas de sanciones de Estados Unidos. El sucesor de Hugo Chávez se atrinchera en el poder y desafía a todas las voces críticas.
«Esta iniciativa ya no me pertenece, está en manos del pueblo». Así respondió el martes el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, a las cada vez más insistentes peticiones de Gobiernos extranjeros y personalidades de organismos multilaterales para que suspenda la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente, durante el acto de instauración del Consejo Nacional de Defensa en el Palacio Presidencial de Miraflores, en Caracas.
Este consejo es una instancia ad hoc contemplada en la legislación, que se convoca en momentos de amenazas a la seguridad nacional. Esta es la tercera vez que Maduro lo reúne. La última fue en octubre del año pasado, cuando los diputados opositores que controlan la Asamblea Nacional acordaron declarar el «abandono del cargo» por parte del mandatario nacional.
En esta ocasión, el presidente venezolano citó las recientes declaraciones de los portavoces de la Casa Blanca y del Departamento de Estado de Estados Unidos sobre Venezuela, como motivo para reunir al organismo. El lunes, tras la consulta popular celebrado por la opositora Mesa de Unidad Democrática (MUD), el Gobierno de Washington instó a las autoridades venezolanas a considerar el resultado de ese plebiscito simbólico y avisó de que estaba preparado para iniciar «rápidas y fuertes acciones» de orden económico si Caracas insiste en marchar hacia la Asamblea Constituyente.
Según información difundida por las agencias internacionales de noticias, el martes parecían inminentes las sanciones del Gobierno de Trump contra Venezuela. En el menú de opciones puesto sobre la mesa parecían estar la congelación de bienes de jerarcas del chavismo —se nombraba al ministro de Defensa, general Vladimir Padrino, y al primer vicepresidente del partido de Gobierno, Diosdado Cabello, entre los integrantes de la todavía desconocida lista negra—, la confiscación de los negocios en EE UU de la petrolera venezolana PDVSA, y hasta un embargo abierto a las compras de petróleo de ese país.
Un embargo contra el crudo venezolano sería el «no va más» en el arsenal de sanciones. Si bien las importaciones petroleras desde Venezuela representan alrededor del 5% del consumo de Estados Unidos, la mitad de las exportaciones del país sudamericano van al mercado norteamericano, que las paga en efectivo. Buena parte del resto de la menguante producción está comprometida para el pago de deuda con aliados extranjeros como China, o para alimentar acuerdos de cooperación de gran importancia política en este momento para Caracas, como la alianza de Petrocaribe. Venezuela capta prácticamente la totalidad de sus ingresos en divisas mediante la venta de petróleo.
Retahíla de amenazas
Maduro, que declaró al Consejo Nacional de Defensa «en sesión permanente», aprovechó la oportunidad para fustigar también a otros colegas del hemisferio que, en sus palabras, forman parte de una conjura internacional contra la revolución bolivariana.
Al referirse al presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, quien la víspera había solicitado con un mensaje de Twitter «desmontar la Constituyente para conseguir una salida rápida, pacífica y negociada en Venezuela» tras reunirse con su homólogo cubano, Raúl Castro, el mandatario venezolano le calificó de «traidor». Además, le criticó por hablar «como si gobernara en Venezuela, cuando ni siquiera gobierna en Colombia».
Dedicó duras palabras también a la responsable de Relaciones Exteriores de la Unión Europea, Federica Mogherini, quien mencionó asimismo la posibilidad de sanciones contra Caracas. Maduro tildó de «triste» la posición de la UE, cuyas relaciones internacionales, opinó, han quedado «subordinadas a Washington». Al presidente de Gobierno español, Mariano Rajoy, le reprochó injerencia en asuntos internos de Venezuela, y lanzó esta advertencia: «Cuidado, Rajoy, si Bolívar llega a Cataluña».
A pesar de que su alocución mantuvo un perfil eminentemente internacional, la primera medida acordada en el seno del Consejo de Defensa y anunciada por Maduro es de orden interno: la activación de lo que llamó «un plan de justicia de emergencia para afianzar la paz». Según anticipó, la justicia militar tendrá un papel clave en esta operación, orientada a facilitar «la búsqueda y captura de aquellos grupos que atenten contra la estabilidad del país».
Numerosos grupos de derechos humanos y el propio secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, han denunciado la práctica de las autoridades venezolanas de llevar a disidentes civiles y manifestantes a la justicia militar, que se ha hecho especialmente recurrente desde que el 1 de abril se inició una ola de protestas en todo el país.
A menos de dos semanas de las elecciones para elegir a los miembros de la criticada Asamblea Constituyente, convocadas para el día 30, Maduro busca asegurarse de que la convocatoria se cumpla aunque sea con fórceps. El periodo coincide con la llamada Hora Cero de la oposición, que ha convocado a una huelga general de 24 horas para hoy. Sin embargo, por la acción espontánea de grupos que se llaman de la «resistencia», ya desde el martes permanecen bloqueadas extensas zonas del este de Caracas y de otras ciudades del país.
EL RECHAZO AL PLAN DEL RÉGIMEN UNE A DISTINTAS FUERZAS
NICOLÁS ALONSO
La situación en Venezuela es insostenible y tanto en Washington como en muchos países latinoamericanos el consenso es evidente. “Es un asunto bipartidista, nuestro propósito es apoyar la democracia; en el pasado hubo senadores que apoyaron a Chávez, pero ya no”, declaró ayer el senador republicano Marco Rubio. Durante un encuentro con otros legisladores estadounidenses, analistas y activistas venezolanos, el senador afirmó que “todas las opciones son posibles”, en referencia a la advertencia de posibles sanciones anunciada por el presidente Donald Trump el lunes.
“No tengo duda de que el presidente de Estados Unidos actuará, como dijo, de manera contundente si el 30 de julio Maduro celebra la Constituyente. Es una realidad, no es una amenaza: si avanzan habrá repercusiones significativas, no va a ser algo simbólico”, aseguró Rubio.
Entre las posibles represalias se encuentran sanciones a figuras cercanas a Maduro —como Diosdado Cabello o Vladimir Padrino—, algo que ya ha se ha hecho efectivo en los últimos meses contra el vicepresidente Tareck El Aissami o los miembros del Tribunal Supremo. El objetivo de estas sanciones es bloquear las propiedades de los sancionados y sus activos en EE UU.
Pero en el punto de mira está también la petrolera estatal PDVSA, que es un sostén económico fundamental para el régimen. Un castigo a la empresa supondría también una penalización de la cúpula del país. “No estamos hablando de un individuo en concreto, se trata de restablecer el orden constitucional. Obviamente todas las opciones están abiertas”, insistió Rubio al respecto.
El senador republicano aplaudió la cooperación regional frente a la crisis venezolana y destacó el papel de las otras grandes economías americanas, Canadá, Brasil, Argentina o México. Antes de su ponencia en el acto de ayer, el senador demócrata Bob Menéndez y la congresista republicana Ileana Ros-Lehtinen también expresaron sus críticas al régimen chavista y denunciaron la violación de derechos por parte del Gobierno de Maduro.
El martes, más de 100 congresistas de Colombia y de Chile mostraron asimismo que el rechazo a los planes de Nicolás Maduro es un asunto transversal que preocupa a representantes públicos de distintos colores al presentar una denuncia contra el presidente venezolano en la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, con sede en La Haya.
Esa denuncia busca que ese tribunal internacional, que juzga casos relacionados con crímenes de guerra y genocidio, abra una observación en Venezuela ante la gravísima crisis institucional que está atravesando el país. Entre las acusaciones formuladas en el escrito figuran la de instigación directa o indirecta de asesinatos y la eliminación de los opositores al régimen chavista.