Por Luis Vazquez-Becker.-
El Gobierno de la República insiste en la creación de una Comisión Internacional Contra la Impunidad (CICI), supuestamente para investigar casos de corrupción en el país, informó la Vicepresidencia.
El vicepresidente (hasta ahora invisible), Félix Ulloa, se reunió con el ministro de Estado del Ministerio Federal de Relaciones Exteriores de Alemania, Niels Annen, para exponer los «avances» en la conformación de la Comisión y, de manera obvia, buscar “dineritos” que serán necesarios para el proyecto.
Ulloa explicó, sin entrar en detalles, que la Comisión Internacional Contra la Impunidad en El Salvador (CICIES) será una «instancia autónoma que investigará los hechos de corrupción”, dando por hecho un aborto jurídico.
Félix Ulloa aseguró que la creación del ente es «una de las apuestas» del Ejecutivo de Nayib Bukele, quien recién asumió el poder el pasado 1 de junio.
Lo que no dijo el comunicado de la vicepresidencia es las debilidades que una CICI podría tener en un país como El Salvador.
El conejillo de indias para semejante aberración jurídica fue Guatemala, donde desde hace 10 años, en coordinación con el Ministerio Público lograron el desmantelamiento una serie de redes de corrupción relacionadas con la defraudación en las aduanas, que le costó el poder a un presidente y su vicepresidente, el ataque indiscriminado contra el difunto exalcalde de la ciudad más grande de Centroamérica, Álvaro Arzú; la detracción sistemática contra quien fuera considerado enemigo político de la fiscal Thelma Aldana (hoy fugitiva de la justicia y perseguida por INTERPOL). Recientemente le entraron al esperado caso Odebrecht. Y hace pocos semanas al sistema de transporte municipal de Guatemala llamado Transmetro.
Guatemala olvidó que la corrupción campea en la ONU (Organización de Naciones Unidas); que los comisionados tienen total inmunidad, y esto es un gran problema. El Comisionado que escoja el organismo tendrá el derecho de hacer cualquier cosa con total impunidad e inmunidad. “El poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente”.
La entidad terminó con varios desaciertos, que le causaron desprestigio, como la presentaron testigos falsos, manipulación de la información, ocultación de pruebas de descargo, entre otros. Además, lo que es lo grave y terrible de cualquier CICI que se instale en un país latinoamericano, esta terminó ideologizándose y politizándose.
Ante semejante espectro, mas bien somos los salvadoreños los que debemos ordenar y de ser necesario corregir nuestro sistema judicial, no es posible que cualquier extranjero se convierta en un “supra gobierno”, que personas puestas de dedo por extranjeros y extranjeros en sí estén por encima de nuestras leyes y nuestros gobernantes electos.
Es una venta oculta de la patria, es volver a vender las tierras de los antepasados americanos por espejitos y cuentas.
En el caso del vicepresidente Ulloa se entienden sus intenciones, como buen comunista es un internacionalista y seguro no ha olvidado las lecciones de sus superiores, referente a la destrucción del sistema político para suplantarlo con un sistema absolutista, “Se puede convivír con el enemigo sólo mientras se es suficientemente poderoso para aniquilarlo”, reza un postulado comunista.
Nos preocupa el “Show” mediático con que cada caso se anuncie, afectando de entradita la reputación de los señalados y capturados. En especial cuando hay injusticias al mantener personas inocentes en la cárcel, hacer escarnio de ellas y luego no limpiar su nombre.
Y nos preocupa lo mediático porque es la firma personal de la actual Administración, porque suponemos que utilizando todas las herramientas posibles, se va a ir contra los enemigos políticos, no sólo tras los delincuentes.
La razón principal de los temores de una CICI en El Salvador están sustentados en la asesoria que presta a cambio de su seguridad la nefasta exfiscal guatemalteca Thelma Aldana, que se encuentra en el país oculta de la justicia, según fuentes, de manera directa a Félix Ulloa.
Debemos entender dos cosas:
Se debe buscar quien la debe, no quien las pague sin deber.
Si las leyes y las instituciones que las procuran están mal, debemos corregirlas, no traer extranjeros que nos corrompan y violen los derechos de los salvadoreños.