Cientos de salvadoreños tuvieron que hacer largas filas en las primeras horas del lunes en un punto de buses de la ruta 42 del transporte colectivo, cuyo control ha sido tomado por el Gobierno tras la detención del empresario del transporte Catalino Miranda por supuestamente incrementar las tarifas, aunque la Fiscalía General de la República solo le acusa de «resistencia».
Usuarios de la ruta de autobuses 42, una de las más demandadas por el extenso recorrido que realiza desde el centro de San Salvador hasta la localidad de Zaragoza (La Libertad), tuvieron que esperar hasta una hora para tomar un transporte, según constataron periodistas.
También las diferentes paradas lucieron abarrotadas de personas que esperaban las unidades para movilizarse a sus lugares de trabajo u otros destinos.
Las unidades de dicha ruta están siendo conducidas por militares, lo que ha sido fuertemente criticado por algunos sectores, luego de que les fueran retirados los permisos a los choferes de estos autobuses, por supuestamente aumentar la tarifa al pasaje.
El Gobierno ha tomado el control de las unidades de las rutas del transporte colectivo 42 y 152, tras la detención la noche del sábado del transportista Catalino Miranda.
Por su parte, el presidente de la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP) de El Salvador, Javier Simán, catalogó esta acción como una «confiscación».
Las autoridades de Transporte suspendieron los permisos y un subsidio a 293 unidades de la empresa que encabeza Miranda, uno de los líderes de este sector.
La detención de este empresario se dio horas después de que el Gobierno enviara a la Asamblea Legislativa un paquete de reformas que buscan paliar la inflación, y las cuales fueron aprobadas la noche del domingo, 24 horas después de la captura de Miranda.
El presidente Nayib Bukele advirtió el domingo que su Gobierno «intervendrá» más unidades del servicio de transporte colectivo si «se van a paro».
Bukele compartió un artículo de la Constitución que señala que «el Estado podrá tomar a su cargo los servicios públicos cuando los intereses sociales así lo exijan».
Sin embargo, este fragmento de la Constitución no aclara si el Estado prestará el servicio con sus propios medios o podrá tomar los bienes privados de los concesionarios.
«Prepare más conductores Ministro (Rene Merino), que si más transportistas se van a paro, habrá que intervenir todas esas unidades también. Ni una tan sola unidad se quedará sin brindar el servicio», añadió el mandatario en Twitter.
«Les dijimos a los transportistas: No jueguen con fuego. Pero no escucharon (…) solo tienen que respetar la ley cobrando el pasaje acordado y legal, solo eso», publicó Bukele la noche del sábado en redes sociales.