El rector de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA), Andreu Oliva, así como el vicerrector de proyección social de la institución académica, Omar Serrano, explicaron el martes que al Comité del Fondo de Emergencia, que recién renunció, jamás se le dió opción de tomar una decisión sobre las decisiones unilaterales del Gobierno tomadas para distribuir $2,000 millones que podría adquirir en deuda el Estado salvadoreño para enfrentar la emergencia por el COVID-19.
Serrano explicó que «Tenemos sobradas razones para dejar el Comité», en una rueda de prensa realizada en las instalaciones del campus universitario jesuita de Antiguo Cuscatlán.
La UCA es una de las instituciones civiles que renunció a la instancia creada a través del decreto 608 para tomar supuestamente tomar decisiones en la distribución de los fondos de emergencia.
Junto a la UCA, también renunciaron la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP), la Escuela Superior de Economía y Negocios (ESEN), la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (FUSADES), la Cámara de Comercio e Industria de El Salvador (CAMARASAL).
Según el vicerrector de la UCA, Omar Serrano, la gota que derramó el vaso fue que el Gobierno presentara a la Asamblea Legislativa una solicitud de reforma al decreto 608 para distribuir los fondos sin que el Comité la conociera, pese a que era una de las atribuciones legales del Comité era establecer criterios para asignar fondos.
«Se presentó una propuesta de reforma que nunca la vimos en el Comité. Nunca la vimos, pero ni la hablamos. Es más, habíamos tardado varias reuniones en consensuar una propuesta de reforma, se encomendó presentarla y la sorpresa fue que se presentó una propuesta que nunca la hablamos. Yo me quedé, honestamente, helado», explicó el funcionario de la institución jesuita, señalando que la solicitud de reforma abusa de los poderes que debía tener el Gobierno, pues «se asignan todos los fondos y hasta dice en qué tienen que gastarlos cada municipalidad».
Un Comité de «adorno»
«El Comité no fue operativo ni decisorio. Si ya está decidido, ¿qué vamos a hacer ahí?, ¿legitimar?, no», expresó Serrano.
De acuerdo a Serrano, «se demostró que el Comité no es una plataforma donde se toman decisiones», así que, para que el Gobierno justificara sus acciones dictatoriales, para que seguir.
Serrano inquirió, «¿Dónde están las falsedades?, nosotros no tenemos problemas en transparencia, ¿quién es el que tiene problemas en transparencia?, refiriéndose al Gobierno, que es el que gasta.
“Este comité fue una condición que puso la Asamblea, aceptamos el reto para ayudar pero no estamos dispuestos a ser lámparas de adorno”, aclaró Serrano
Si bien las reuniones fueron cordiales y siempre fueron escuchados, no tenían, no tuvieron voto. «Coincido con el secretario privado que no tomamos ninguna decisión, nunca. Hubo cordialidad. Se hicieron presentación de propuestas de asignación de fondos a los gobiernos locales, asignación de fondos al Gobierno Central, auditorías, todas se nos escuchó, pero nunca se tomó decisión sobre ello», subrayó.
Además, el Gobierno nunca les presentó un plan integral de enfrentamiento a la pandemia, el rol y responsabilidades con respecto al financiamiento, la inversión del Ramo de Salud en la fase 1 ni la previsión de inversión en la fase 2, y que tampoco se invitó a la Corte de Cuentas para revisar las auditorías.
Por su parte, el rector de la UCA, Andreu Oliva, explicó que el Comité no era ni siquiera una instancia de discusión. «Era de platicar, de presentar, ni discusión, sino ‘mire, aquí le presentamos el plan de salud, aquí le presentamos esto».
De acuerdo al rector jesuita, antes de decidir los gastos sobre los $3,000 millones de deuda, se debió diseñar un plan de emergencia sanitaria y un plan de reactivación económica, establecer recursos a dichos planes y presentarlos así ante la Asamblea Legislativa.
Sin embargo, según críticos del Ejecutivo, el afán del Gobierno es «gastar a lo loco», sin que nadie los audite o controle.
Los dos representantes de la UCA manifestaron que tras varias reuniones del comité, en el que estaban cinco ministros y el secretario privado de la Presidencia y los ahora renunciantes, no se pudo tomar decisiones sobre el destino de los fondos ni en los criterios de uso que las autoridades debían hacer porque el Gobierno no les brindó la información que requerían.