La Oficina de Derechos Humanos de la ONU, que dirige la Alta Comisionada Michelle Bachelet, dijo este viernes que ve con preocupación que disminuyen las posibilidades de que las elecciones presidenciales previstas para noviembre en Nicaragua sean libres y genuinas ante las medidas que las autoridades están tomando contra candidatos y periodistas independientes.
Este organismo, con sede en Ginebra, recibió el pasado febrero del Consejo de Derechos Humanos de la ONU (órgano intergubernamental) el encargo de hacer un seguimiento de cerca de todos los aspectos vinculados a los derechos humanos en el marco de la campaña electoral de Nicaragua.
“Hemos observado una situación inquietante en las últimas semanas”, afirmó en una comparecencia ante la prensa la portavoz de la Oficina de Derechos Humanos, Marta Hurtado, quien antes firmó un comunicado al respecto.
Se refirió, por ejemplo, a la aprobación por parte de la Asamblea Nacional -controlada por el partido oficialista- de una reforma electoral que pone de lado las demandas de la oposición, de la sociedad civil y de la comunidad internacional, ya que rechaza incorporar garantías de imparcialidad por parte de los entes electorales.
Mencionó que esa reforma también contiene restricciones a la libertad de expresión, reunión y participación política, y ha permitido disolver dos partidos políticos bajo el pretexto de que actúan contra las normas internacionales.
Al revisar la ley, los expertos de la ONU han encontrado que la forma en que la reforma electoral ha sido redactada permite su utilización “para silenciar a la disidencia”.
Entre los hechos que más preocupan a la Oficina de Bachelet está la apertura de una investigación penal contra la precandidata presidencial Cristina Chamorro Barrios, acusada de lavado de dinero, y que ha alcanzado también a su hermano, dueño de un medio de prensa y que ha sufrido la confiscación de equipamiento diverso. Además, uno de sus empleados ha sido detenido.
Al mismo tiempo, la policía ha intensificado sus acciones para restringir los movimientos de líderes opositores, comentó Hurtado.
“Pedimos al Gobierno de Nicaragua que detenga este acoso, incluido el acoso judicial, contra la oposición y la prensa”, dijo la portavoz en nombre de Bachelet.
En las elecciones del 7 de noviembre estarán en juego 42 años de primacía casi total del presidente Daniel Ortega sobre la política de Nicaragua.
El comunicado completo de la oficina de la Alta Comisionada de la ONU
Declaración de la portavoz de la Alta Comisionada sobre las medidas adoptadas por las autoridades nicaragüenses contra partidos políticos, candidatos, candidatas y periodistas independientes
Portavoz de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos: Marta Hurtado
Ginebra (28 de mayo de 2021) – Nos preocupa profundamente que las posibilidades de que Nicaragua celebre unas elecciones libres y creíbles el 7 de noviembre se estén alejando como consecuencia de las medidas adoptadas por las autoridades contra partidos políticos, candidatos, candidatas y periodistas independientes, que restringen aún más el espacio cívico y democrático. El pasado mes de febrero, el Consejo de Derechos Humanos encomendó a la Oficina que monitoreara de cerca los derechos humanos durante el proceso electoral en Nicaragua. Hemos observado acontecimientos preocupantes a este respecto en las últimas semanas.
El 4 de mayo la Asamblea Nacional -alineada con el partido de gobierno- aprobó una reforma electoral que no atiende las demandas de la oposición, la sociedad civil y la comunidad internacional al no incorporar salvaguardias para garantizar la imparcialidad de las autoridades electorales. También contienedisposiciones que no se ajustan a las normas y estándares de derechos humanos, tales como restricciones al derecho a la libertad de expresión, reunión, y participación política.
En el marco de esta reforma, las autoridades han disuelto en las últimas semanas dos partidos políticos con argumentos contrarios a las normas internacionales y sin el debido proceso.
El 19 de mayo, las autoridades anunciaron que habían iniciado una investigación penal contra una de las principales precandidatas presidenciales, Cristiana Chamorro, por presunto lavado de dinero a través de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro. La investigación se basa en la “Ley contra el lavado de activos, financiamiento al terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva” adoptada en julio de 2018. Esta ley, redactada en términos excesivamente amplios, ha suscitado de manera general la preocupación de que pueda ser utilizada para silenciar a las voces disidentes. Las acusaciones contra la Sra. Chamorro incluyen el supuesto uso indebido de fondos recibidos de fuentes internacionales. En la última semana, miembros del equipo de 12 medios de comunicación independientes han sido llamados a declarar en el marco del mismo procedimiento penal. El 20 de mayo, la policía allanó las oficinas de “Confidencial”, un medio de comunicación dirigido por Carlos Fernando Chamorro, hermano de la Sra. Chamorro, incautó equipos y detuvo temporalmente a un camarógrafo. Actualmente, la Sra. Chamorro corre el riesgo de ser condenada penalmente y de ser inhabilitada como candidata.
La Policía Nacional también ha intensificado la restricción arbitraria de los movimientos de otros líderes y lideresas de la oposición.
Bajo estas circunstancias, la disolución de los partidos políticos y la apertura de investigaciones penales que pudieran conducir a la inhabilitación de candidaturas, sin el debido proceso, no sólo socava los derechos políticos de las personas que aspiran a ser electas, sino también los derechos de los y las votantes a elegir a las candidaturas de su elección.
El continuo acoso a los medios de comunicación independientes restringe el derecho a la libertad de expresión y socava el derecho de la población a ser informada, algo que es crucial en cualquier democracia y en cualquier momento, pero de especial importancia durante un periodo electoral.
La nueva ley electoral es la última de una serie de leyes aprobadas por la Asamblea Nacional que restringen innecesaria y desproporcionadamente los derechos humanos, en especial de miembros de las organizaciones de la sociedad civil, personas defensoras de los derechos humanos, periodistas, líderes y lideresas políticas y sociales.
Hacemos un llamado al Gobierno de Nicaragua para que cese todo hostigamiento -incluso el hostigamiento judicial- en contra de miembros de la oposición y periodistas.
También hacemos un llamamiento a las autoridades para que garanticen plenamente el disfrute de las libertades de información y expresión, reunión y asociación, así como el derecho a la participación política, todos ellos esenciales durante el proceso electoral, si se quiere que las propias elecciones sean libres y creíbles.
En este sentido, instamos a las autoridades a enmendar la legislación electoral a través de un proceso participativo. OACNUDH está dispuesta a brindar cooperación técnica a las autoridades nicaragüenses para reformar la legislación que restringe los derechos humanos a fin de que ésta cumpla con las normas y estándares internacionales de derechos humanos.