El Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos (OEA) aprobó este viernes una resolución que «condena enérgicamente» la toma de sus instalaciones en Managua y «deplora la violación de la inviolabilidad de archivos de la institución» en el país centroamericano.
La resolución propuesta por las delegaciones de Antigua y Barbuda, Brasil, Canadá y Colombia, se aprobó con el voto favorable de 29 embajadores, ningún voto en contra, la abstención de Honduras, El Salvador, y San Vicente y las Granadinas, y la ausencia de Bolivia y Nicaragua.
La resolución condena enérgicamente lo que los diplomáticos llamaron «entrada ilegal» en las instalaciones de la OEA y la incautación de sus bienes en Managua el domingo 24 de abril, un hecho que el documento considera «una violación de las obligaciones legales del Gobierno de Nicaragua».
La resolución deplora «la violación de la inviolabilidad de los archivos» de la OEA e insiste en que se respete plenamente la inmunidad de sus bienes mientras estén Nicaragua.
Exige además que se le restituya inmediatamente el uso de los locales incautados por el gobierno de Nicaragua, al que la OEA considera «responsable de todos los incumplimientos de sus obligaciones legales internacionales al respeto».
El Consejo Permanente dice que esa declaración debe ser transmitida por el secretario general de la OEA al gobierno de Nicaragua y a los responsables de todas las organizaciones internacionales con presencia en el país, así como al secretario general de las Naciones Unidas.
El Consejo Permanente —según establece la resolución— seguirá ocupándose de este asunto y considerará otras acciones que puedan ser necesarias posteriormente.
El Gobierno de Nicaragua no ha reaccionado oficialmente a esta resolución de la OEA. CNN solicitó un comentario a través del Consejo de Comunicación y Ciudadanía pero aún esperamos respuesta.
El 24 de febrero, el canciller nicaragüense, Denis Moncada, ratificó la renuncia a este organismo hemisférico anunciada en noviembre de 2021, informó el retiro de las credenciales a tres de sus diplomáticos radicados en Washington y anunció que desde ese momento el país no participaría de ningún mecanismo o comisión de la organización, al tiempo que ordenó el cierre de las instalaciones de la OEA en Managua.
Nicaragua fundamentó su decisión con el argumento de que la OEA es «un mecanismo de dominación e intervención» de la política del Departamento de Estado de Estados Unidos y que, según el gobierno de Daniel Ortega, violenta los derechos del país y la soberanía nacional.
El 27 de febrero, la Procuraduría General de la República declaró oficialmente de “utilidad pública” el edificio donde tenía su sede la OEA y que, según el secretario general de ese organismo, era alquilado. El obierno de Ortega anunció que convertirá el inmueble en un “museo de la infamia”.
Por su parte Haydeé Castillo, defensora de derechos humanos en el exilio, dijo a CNN que, ante la gravedad de los hechos, la resolución «no está a la altura de lo que los pueblos esperaríamos de un órgano como éste» en referencia a «seguir ocupándose de este asunto y considerar otras acciones que puedan ser necesarias». De acuerdo con Castillo, esto evidencia el deterioro del organismo frente a las medidas que tomen gobiernos autoritarios.