A principios de su mandato, el fiscal general Jeff Sessions les ordenó a sus principales investigadores que fueran tras el grupo criminal trasnacional MS-13 como una prioridad. Un año más tarde, grupos operativos antinarcóticos tienen nuevas atribuciones para combatir a la MS-13, más fiscales federales están presentando denuncias contra la pandilla callejera vinculada con El Salvador y se ha reclutado a aliados extranjeros para capturar a sus miembros.
Pocos niegan la amenaza violenta que la MS-13 representa en zonas de Estados Unidos. Sus miembros empuñan machetes, asesinan a sangre fría e infunden terror, en su mayoría en comunidades inmigrantes.
Sin embargo, los encargados de hacer cumplir la ley en los niveles local, estatal y federal describen la campaña del gobierno de Trump contra la MS-13 como una estrategia desproporcionada con respecto a la amenaza.
El presidente Donald Trump ha aprovechado la brutalidad y la violencia de la pandilla como símbolo de los riesgos de la inmigración ilegal.
No todos los miembros de la MS-13, o Mara Salvatrucha, son inmigrantes sin papeles. Además, la pandilla no sobrevive gracias al tráfico mundial de drogas, armas ni personas.
En una reunión con Sessions en marzo pasado, Chuck Rosenberg, entonces el director interino de la Administración para el Control de Drogas, dijo que no tenía mucho sentido enfocarse en la MS-13 en lugar de luchar contra organizaciones más peligrosas. Se rehusó a dedicar más recursos a la pandilla, de acuerdo con dos personas que tuvieron conocimiento de la reunión privada. Desde entonces, Rosenberg dejó el cargo.
“La MS-13 en efecto es una amenaza, pero no de la manera en que la ha retratado el presidente”, dijo Tom Manger, jefe de policía en el condado de Montgomery, Maryland, un suburbio de Washington donde la pandilla tiene una de sus concentraciones más grandes. Los funcionarios de ahí solo lidiaron con cuatro incidentes policiacos relacionados con la MS-13 el año pasado —con un total de cinco homicidios— en comparación con 2013, año en el que no hubo ninguno.
“Son una amenaza local a la seguridad pública, pero no son una amenaza a la seguridad nacional”, explicó Manger.
Formada en la zona central de Los Ángeles por refugiados salvadoreños que escaparon de la guerra civil en la década de los ochenta, se cree que la pandilla tiene 10.000 miembros en cuarenta estados, de acuerdo con el FBI, pero predominantemente solo en tres áreas metropolitanas: Los Ángeles, Long Island en Nueva York y en los alrededores de Washington. La mayoría de sus 30.000 miembros adicionales vive en Centroamérica o México, de acuerdo con las autoridades.
En su informe de gobierno en enero, Trump dijo que los miembros de la MS-13 aprovecharon las leyes migratorias para mudarse a Long Island y, en última instancia, asesinar a Kayla Cuevas, de 16 años, y a Nisa Mickens, de 15. Las chicas fueron golpeadas con bates y cortadas con machetes en un callejón sin salida cerca del estacionamiento de una escuela primaria en septiembre de 2016.
Trump llevó a los padres de las adolescentes al discurso y les pidió que se pusieran de pie, como para exhibir el motivo de su mano dura contra la inmigración.
La MS-13 opera en grupos locales dispersos, sembrando temor y violencia. No es un cartel de la droga global sofisticado y muchos miembros de la pandilla son indigentes.
Entrevistas con decenas de funcionarios de inteligencia y de la policía, así como una revisión de documentos, indican que la pandilla se dedica al tráfico de drogas a pequeña escala, a la venta de armas, la prostitución y la extorsión; algunos miembros reciben solo el dinero suficiente para sobrevivir.
En un caso, el presunto líder de uno de los grupos más grandes de MS-13 en Maryland hace poco canceló un acuerdo de venta de drogas porque no tenía dinero suficiente para pagar la gasolina necesaria para conducir al lugar acordado, según un oficial de policía en el estado.
Estados Unidos y los aliados extranjeros han presentado denuncias en contra de 4000 miembros de la MS-13, dijo Sessions a principios de este mes. En diciembre, anunció cuarenta nuevos puestos de asistentes de fiscal en todo el país para combatir a la MS-13 y otras pandillas, entre ellas dos en Long Island y tres en Maryland.
Un funcionario en la oficina del fiscal estadounidense, que habló con la condición de conservar su anonimato, dijo que le preocupaba la presión reciente en los casos de la MS-13, dado el aumento drástico de los crímenes relacionados con opioides y un creciente problema nacional con la trata de personas.
Aun así, el número de procesos federales en contra de la MS-13 en Estados Unidos es limitado. Solo once casos se presentaron entre octubre de 2016 y septiembre de 2017, de acuerdo con datos proporcionados por el Departamento de Justicia. Desde entonces, los procuradores han abierto trece casos más.
Mientras tanto, los investigadores de la Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) arrestaron a 796 presuntos miembros de la MS-13 el año pasado, un aumento en contraste con los 429 de 2016. La agencia dijo que también deportó a cerca de 5300 presuntos miembros de todas las pandillas durante el mismo periodo, un aumento en contraste con dos mil casos previos. A lo largo de un periodo de tres meses el otoño pasado, una operación de ICE llamada “Raging Bull”, atrapó a 214 miembros de la MS-13 en todo el país y arrestó a 53 más en El Salvador.
En Nueva York, los agentes del FBI se han quejado de tener que enfocarse en la MS-13, de acuerdo con un funcionario sénior de la agencia; ha habido preocupación porque los agentes han arrestado a miembros de Trinitario, una pandilla dominicana, pero los presentaron como miembros de la MS-13 para aumentar el total de arrestos y cumplir con las expectativas, dijo un oficial estatal sénior de policía. Ninguno de ambos oficiales tenía autorización para hablar públicamente y hablaron bajo condición de conservar su anonimato.
“Cualquier afirmación de que estamos presentando de manera engañosa a los miembros de las pandillas para aumentar nuestro total de arrestos es falsa”, dijo Nora Sheland, una vocera del FBI mediante una declaración. El FBI va tras toda actividad de pandillas como parte de su trabajo de combate a los crímenes violentos, agregó.
Una subvención de 500.000 dólares al Departamento de Justicia prometida en octubre para combatir la violencia de las pandillas y los crímenes con armas de fuego en el condado de Suffolk, Nueva York, enfocó su análisis de delitos no solo a la MS-13, sino también a las pandillas de los Bloods y los Crips. El condado de Long Island, que hizo una solicitud para la subvención, fue uno de los catorce a los que se les otorgó para un total de 3375 millones de dólares. Los funcionarios dicen que aún no la han recibido.
Timothy D. Sini, el fiscal de distrito del condado de Suffolk y excomisionado de policía, dijo que la MS-13 “constituye una amenaza de seguridad pública significativa” y era responsable de diecisiete asesinatos en quince meses en esa zona de Long Island.
“Habiendo dicho eso”, dijo Sini, “el problema número uno de salud y seguridad pública que enfrenta el condado de Suffolk, como en otras comunidades, es la epidemia de narcóticos, que también es un blanco en movimiento”. Dijo que las sobredosis de opioides asesinaron a más de trescientas personas en el condado de Suffolk el año pasado, en comparación con seis muertes vinculadas con la MS-13.
El gobierno de Trump en repetidas ocasiones ha buscado mostrar que los programas migratorios que intenta eliminar han permitido que prosperen la MS-13 y otras pandillas. Ha señalado el sistema de lotería de diversidad del país, los programas de inmigración para permitir que menores sin compañía crucen la frontera y las protecciones de deportación para personas que llegaron sin papeles a Estados Unidos cuando eran niños.
Sin embargo, las cifras más recientes no reflejan eso. De acuerdo con las estadísticas de aprehensión de la Patrulla Fronteriza publicadas en diciembre, el número de miembros de la MS-13 atrapados en la frontera de hecho disminuyó hasta llegar a 228 en 2017, mientras que en 2014 la cantidad fue de 437.