El proceso judicial contra 18 operadores de la polémica tregua entre pandillas, instaurada entre 2012 y 2014 en El Salvador, pone nuevamente de actualidad uno de los períodos más controvertidos del país y sitúa en el disparadero a funcionarios del actual Gobierno, quienes niegan su vínculo con el armisticio, pese a múltiples señalamientos.
Los desacuerdos entre el partido oficialista -Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN)-, también en el Gobierno durante la tregua con el entonces presidente Mauricio Funes (2009-2014), y miembros del actual Ejecutivo ponen sobre la mesa una polémica que parecía resuelta, al menos en el seno de la izquierda del país.
El actual ministro de la Defensa Nacional y titular de la cartera de Seguridad durante el alto el fuego entre pandillas, David Munguía Payés, estuvo, según el secretario general del FMLN, Medardo González, «involucrado en la creación del armisticio», al que el Gobierno de Funes atribuyó una importante baja en los asesinatos.
Pero no solo Munguía Payés se desmarca del señalamiento, sino también el propio Funes, actualmente asilado en Nicaragua desde septiembre de 2016 y desvinculado de la política salvadoreña desde el final de su mandato en junio de 2014.
Ambos sostuvieron en diferentes ocasiones que el papel del Gobierno se limitó a «acompañar» el proceso por la baja en los homicidios que propició el pacto de no agresión entre pandillas, sobre todo las mayoritarias Barrio 18 y Mara Salvatrucha (MS-13).
En febrero de 2015, Funes justificó el acompañamiento del Gobierno a la tregua porque durante su desarrollo, el promedio mensual de muertes violentas pasó de 340 a 160 y el registro diario de asesinatos bajó de 15 a 5.
No obstante, el secretario general del FMLN mantiene que el Ejecutivo de Funes permitió otorgar prebendas a los pandilleros, en especial a los que se encontraban encarcelados durante la tregua, como parte de una «política pública» de Gobierno, pero no de partido.
La semana pasada, un tribunal de Instrucción envió a juicio a 18 personas, entre funcionarios y civiles, por las supuestas irregularidades cometidas en las prisiones en beneficio de los pandilleros durante la tregua.
González insistió en que el FMLN se mantuvo un paso atrás en el tema de la tregua, puesto que los miembros del partido no consideraban que la estrategia de un armisticio, con beneficios adicionales para pandilleros, diera un buen resultado, que era lo que, según el secretario, pensaba el Gobierno de Funes.
Tras la decisión de la jueza del caso, Ana Fuentes, de mandar a juicio a los operadores de la tregua, el asunto saltó nuevamente al primer plano de la actualidad y entró a los despachos de políticos, partidos, juristas y líderes de opinión.
Fuentes argumentó, durante la audiencia preliminar, que el alto el fuego «fue un plan fallido, ya que las estructuras de pandillas nunca dejaron de delinquir».
Por su parte, el fiscal general de la República, Douglas Meléndez, calificó la tregua de «cochinada institucional» en el que el entonces presidente Funes «estuvo atrás» y Munguía Payes «también estuvo directamente implicado», opinión que comparte el secretario general del FMLN.
«El expresidente de la República Funes está mencionado ahí (en la investigación sobre el armisticio) y no se puede ocultar que estuvo atrás de la tregua», sostuvo Meléndez.
La defensa de los enjuiciados, que mostró su descontento por la decisión de la jueza, criticó durante la etapa de investigación judicial a la Fiscalía por no procesar a Funes y Munguía Payés, a quienes los abogados de los imputados señalan como «los padres de la tregua».
Entre los enviados a juicio destacan el principal mediador entre las pandillas Raúl Mijango, excomandante guerrillero durante la guerra civil salvadoreña (1980-1992) y exdiputado del FMLN, y el exdirector de Centros Penales Nelson Rauda.
Mijango, el principal mediador entre las pandillas durante la tregua aseguró que el armisticio fue «una política gubernamental y, sin embargo, las máximas autoridades de la época no son procesadas».
«La tregua fue una política de Gobierno» durante la Administración de Mauricio Funes y «es la acción más eficaz que en los últimos 30 años se ha implementado en El Salvador para resolver el problema de la violencia», señaló Mijango.