Por décadas, Guatemala ha transitado entre la esperanza de la renovación democrática y la persistencia de estructuras políticas cuestionadas. La elección de Bernardo Arévalo, en 2023, fue presentada por muchos como una ruptura con el pasado, una victoria de la transparencia sobre la corrupción. Sin embargo, el halo de “pureza moral” con que se quiso blindar su ascenso al poder no debe, bajo ninguna circunstancia, colocarlo por encima de la ley ni del escrutinio judicial legítimo.
El principio de legalidad por encima del relato político
El Ministerio Público (MP), encabezado por la fiscal general Consuelo Porras, ha sido blanco de críticas internacionales y de campañas mediáticas que intentan presentar sus investigaciones como persecución política. No obstante, la esencia de un Estado de Derecho radica en la capacidad de sus instituciones de investigar con independencia a cualquier actor, sin importar su investidura o su respaldo político.
En el caso de Arévalo, las investigaciones sobre vicios de origen en la constitución y funcionamiento del partido Movimiento Semilla apuntan a presuntas irregularidades en la inscripción de afiliados, manejo de fondos y la legalidad de su personería jurídica. Estos no son temas menores. Si la base sobre la cual se erigió una candidatura presidencial está contaminada por prácticas ilícitas, entonces es deber del MP y del sistema judicial verificar la autenticidad de todo el proceso electoral.
Negar ese derecho —o impedir su ejercicio bajo la excusa del “fuero presidencial”— equivaldría a privilegiar la impunidad política sobre la legalidad republicana.
El fuero no es impunidad
El fuero presidencial tiene un propósito constitucional: garantizar que el ejercicio del poder no sea interrumpido por acusaciones frívolas o políticamente motivadas. Pero esa protección no es, ni puede ser, un manto de inmunidad absoluta. En toda democracia madura, el fuero no suprime el principio de responsabilidad individual ante la ley.
En Guatemala, los delitos de falsedad ideológica, lavado de dinero, o irregularidades en la conformación de partidos no se extinguen por el triunfo electoral. El cargo no convierte al investigado en inocente ni a la autoridad fiscal en enemiga política. Por el contrario, permitir que un presidente se escude en su investidura para evadir investigaciones sería una afrenta directa al Estado de Derecho y una concesión peligrosa al populismo judicial.
La independencia del Ministerio Público: un pilar que debe respetarse
El Ministerio Público actúa bajo el mandato constitucional de perseguir el delito de oficio, sin discriminación de rango, cargo o poder. Su autonomía es un componente esencial de la democracia. Los intentos de deslegitimarlo desde fuera del país o de presionar a la fiscal general a renunciar representan una intromisión en la soberanía guatemalteca y en el funcionamiento legítimo de sus instituciones.
La investigación de los vicios de origen en el partido Semilla no debe ser vista como un ataque a la voluntad popular, sino como una defensa del derecho de los ciudadanos a elecciones limpias y transparentes. Investigar no es destruir la democracia; es protegerla de la manipulación, de la corrupción disfrazada de virtud, y de la impunidad que se ampara en discursos morales.
La justicia no se negocia
Guatemala necesita fortalecer sus instituciones, no destruirlas por conveniencia política. Quien nada teme, nada oculta. Y si el presidente Arévalo considera que su elección fue legítima en todo sentido, debe someterse a las investigaciones con la serenidad de quien confía en la verdad, no con el discurso del victimismo político.
La justicia no se subordina a la popularidad. El verdadero liderazgo democrático se demuestra cuando se respeta la ley, incluso —y especialmente— cuando ésta investiga al poder.
Respaldar el trabajo del Ministerio Público no es un acto de persecución, sino de coherencia con el principio republicano de igualdad ante la ley. Guatemala no necesita líderes intocables; necesita instituciones fuertes, fiscales valientes y ciudadanos que comprendan que la justicia no se negocia, se respeta.