Nos va a perdonar el señor Fiscal General de la República, Douglas Meléndez, así como todos los que promueven su reelección, pero hay cosas que no se pueden callar, una de ellas es la falacia de que la Fiscalía está actuado “valientemente” contra la corrupción y la impunidad. Para cualquier fiscal es extremadamente fácil armar un caso cuando se violan la Constitución de la República y los derechos humanos.
El uso inadecuado y abusivo de los famosos testigos criteriados, la utilización de escuchas telefónicas de manera ilegal, tal como algunos fiscales lo han reconocido judicialmente, el evidente sesgo de las investigaciones a personas que “deben” ser destruidas política, social y empresarialmente, ha sido frecuente en las fiscalías desde los Acuerdos de Paz, pero a la fiscalía de Douglas Meléndez se le ha pasado la mano.
El Principio de Inocencia, la detención preventiva y la provisional y la imposición arbitraria de la reserva judicial, son la característica principal en todos los casos relevantes con los que el fiscal general ha edificado sus aspiraciones a ser reelecto como jefe del ministerio público.
Cómo es posible, nos preguntamos, que un fiscal sea reelecto con el voto de algunos diputados que debieran estar en la cárcel? Cómo es posible que un fiscal pueda ser reelecto sin haber respondido, tan siquiera mediáticamente a graves acusaciones que nacional e internacionalmente se le han hecho, de tolerar o fomentar la corrupción en el seno del Ministerio Público?. Hay nombres con apellido y toda clase de señas, de gente poderosa al interior de la fiscalía, que debieran estar en la cárcel o por lo menos separados de sus cargos y sujetos a una investigación legal, sin violar sus derechos, hasta aclarar las denuncias en su contra.
Sabemos de casos de funcionarios sorprendidos “con la manos en la masa” que valiéndose de sus cargos “compraron” ridículamente barato y “vendieron” exageradamente caro; está el caso de lo sobresueldos y las denuncias contra el mismo fiscal, de haberse enriquecido ilegalmente con su liquidación en CEPA, que debieran estar totalmente esclarecidos antes de que la Asamblea elija al nuevo fiscal; sin embargo no se ha hecho nada al respecto.
Es cierto, posiblemente Douglas sea mejor fiscal que otros que le precedieron, pero eso no indica que no haya otras opciones que saquen a la fiscalía del atolladero en que se encuentra.
La verdad no se puede descubrir a cualquier precio y mucho menos al precio de ponerse por encima de las garantías constitucionales y de los derechos humanos, básico para poder hablar de un estado democrático de derecho. Tampoco se puede violar el secreto profesional de los abogados y sus clientes para investigar un delito o someter a los periodistas a la amenaza de la represalia. Con actitudes como estas nos estamos jugando que los derechos fundamentales y las garantías constitucionales se conviertan en letra muerta.
La embajadora Manes de los Estados Unidos de Norteamérica y los “analistas”, que concluyen en sus apariciones televisivas en que «a pesar de todo”, Meléndez debe ser reelecto, deben entender que no se trata de personas ni de que el actual fiscal esté combatiendo o no la corrupción o la impunidad; se trata de que debe hacerlo dentro del más estricto respeto a la Constitución y las leyes secundarias. Se trata de que lo haga bien; de lo contrario el caldo viene a resultar más caro que los huevos.
Nuestra opinión es que por ahora, no el fiscal como persona, sino la Fiscalía General de la República, como el ente investigador del Estado, merece en el ámbito jurídico y ético, un reproche absoluto.