En su intervención ante la asamblea general de Naciones Unidas en Nueva York, Morales explicó que la decisión busca «afinar» el funcionamiento de la Comisión Internacional Contra la Impunidad (CICIG), tras reiterar sus críticas de que politiza la justicia y se excede en sus funciones.
«Hemos iniciado el proceso de revisión de la interpretación y correcta aplicación del acuerdo de CICIG», dijo el mandatario en su discurso, en el que no especificó qué cambios se aplicarán, pero en el que se sobrentiende que la presencia de Iván Velásquez, su comisionado, se ha convertido en un problema institucional más que una ayuda para la lucha contra la corrupción en Guatemala..
La relación ente Morales y el exmagistrado colombiano, Iván Velásquez, se tornó espinosa desde que el hermano y uno de los hijos del mandatario fueran imputados en un caso de fraude al registro de la propiedad, dijeron fuentes del gabinete a periodistas.
Morales intentó en agosto expulsar Velásquez, pero su decisión fue anulada por la justicia guatemalteca. Sin embargo, el mandatario activó un mecanismo de resolución de diferencias con la ONU para plantear sus quejas sobre el comisionado.
Mientras diversos analistas guatemaltecos acusan a Velásquez de ser parcializado y sólo ir en pos de personas de derecha, protegiendo a la izquierda del país centroamericano.
“Perfeccionar” la CICIG
Morales también afirmó en la ONU que confía en que se pueda «perfeccionar» con «objetividad y ecuanimidad» el cometido de la CICIG.
Al dirigirse a la Asamblea General de la ONU, Morales aseguró que esa revisión del cometido de la Cicig, que comenzó a funcionar en 2007, debe garantizar «el debido proceso, la presunción de inocencia y evitar la persecución selectiva, la politización de la justicia y la judicialización de la política».
«Nadie debe entrometerse en la administración de la justicia», aseguró el mandatario.
En su discurso ante la ONU, Morales recordó que la experiencia de la CICIG «no tiene precedente en el mundo», y considerando que «mucho de bueno» hay en su quehacer, su Gobierno la respalda.
«Nuestro gobierno está comprometido plenamente en la lucha contra la corrupción y la impunidad», insistió.
«Es por ello que hemos iniciado el proceso de revisión de la interpretación y del acuerdo de la CICIG, por lo que esperamos que con objetividad y ecuanimidad podamos perfeccionar el cometido de la comisión», agregó.
La Cicig está orientada a investigar la existencia de cuerpos ilegales y aparatos clandestinos de seguridad, colaborar en su desarticulación, promover su persecución y respectiva sanción, además de hacer recomendaciones al Estado sobre políticas públicas y reformas para acabar con ellas.
¿Reactivarían antejuicio contra Jimmy Morales?
En tanto, los líderes del Congreso guatemalteco dijeron el martes que podrían reactivar el antejuicio contra Morales, después de que su decisión de defender al mandatario y otros acusados de corrupción generara masivas protestas en el país.
Los jefes de las principales bancadas dijeron en un comunicado que en «un acto legítimo de transparencia y en atención al clamor popular» volverán a discutir el jueves sobre la inmunidad de Morales, quien es acusado de ocultar unos 800.000 dólares anónimos mientras fue jefe de su partido FCN-Nación, a pesar que él no manejaba los fondos del partido.
La semana pasada, la cámara votó abrumadoramente por mantener la inmunidad de Morales, pese a que la Fiscalía, CICIG y la Corte Suprema dijeron que había indicios de fondos irregulares en su campaña de 2015.
No está claro si en una segunda votación se lograrían los dos tercios necesarios para retirarle el fuero al presidente después de que en la petición previa solo se lograron 25 de los 105 apoyos necesarios.
«El traer el antejuicio del presidente es puramente político. Ya 104 diputados estuvieron de acuerdo con el tema (de rechazar la investigación contra Morales) y traerlo ahora es solo para lavarles la cara (a los diputados)», dijo Javier Hernández, jefe del bloque del partido oficialista.
El «paro» convocado para el miércoles
Organizaciones sociales, la Universidad de San Carlos y unas pocas empresas han convocado a un paro nacional el miércoles para aumentar la presión sobre los diputados, cuyo intento la semana pasada de reformar el código penal para reducir las penas por corrupción llevó a los manifestantes a rodear durante horas el Congreso, sin embargo, la efectividad del paro es aún incierto. De una docena de empresas consultadas por el corresponsal de LaGaceta503.com en Guatemala, sólo una confirmó su participación en el paro.
Analistas creen que la presión en las calles podría ser vital, pero los principales gremios del país rechazaron el paro y por el momento solo se sumarán algunas firmas locales.