Doce representantes de países de América Latina y Europa acudieron ayer a la sesión extraordinaria de la Asamblea Nacional de Venezuela, controlada en su mayoría por la oposición, para rechazar la decisión de la Constituyente de Nicolás Maduro de quitarle sus facultades legislativas. El cuerpo diplomático que acompañó a la Asamblea Nacional estuvo integrado por los embajadores de España, Países Bajos, Chile, Italia, Alemania, Austria, Argentina, Polonia, México, Francia, Reino Unido y Portugal.
La presencia de los embajadores impidió que el encuentro parlamentario derivara en enfrentamientos violentos y evitara que la sangre llegara al río como en anteriores ocasiones. El equipo antimotín de la Guardia Nacional, escondido en el Salón Protocolar de la Asamblea Nacional, fue retirado a tiempo cuando se percató de que estaba el cuerpo diplomático extranjero.
Quien llevó a cabo la denuncia de la presencia de uniformados de la Guardia Nacional bolivariana fue Freddy Guevara, primer vicepresidente de la Asamblea Nacional. La presencia de los embajadores salvó a los parlamentarios. «¿Cuántas veces estarán dispuestos a seguir haciéndolo?» fue la pregunta que les formuló la prensa. «Las que sean necesarias», respondió el embajador de España, Jesús Silva.
Freddy Guevara aseguró que el Poder Legislativo rechaza y desconoce la decisión de la «fraudulenta Constituyente» de atribuirse funciones del Parlamento por considerar que esa medida es totalmente nula. El decreto de la Asamblea Constituyente es una copia de los artículos 155 y 156 con los que hace unos cinco meses la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia despojó a la Asamblea Nacional de sus facultades legislativas, y que fue la causa por la que la ex fiscal general, Luisa Ortega Díaz, se enfrentó al régimen de Maduro alegando una ruptura del hilo constitucional. La quiebra no ha sido subsanada y el régimen ha vuelto a tropezar en la misma piedra.
En una rueda de prensa de la directiva del Legislativo, Guevara sostuvo que los diputados continuarán trabajando «con mayor determinación para defender la Constitución de la República de Venezuela y al pueblo ante las acciones arbitrarias del régimen de Nicolás Maduro». «Ratificamos nuestras competencias y rechazamos el decreto de disolución. Nuestro deber es ser un ejemplo de lo que queremos para este país. El Parlamento resistirá», afirmó.
Guevara añadió que no designarán ninguna comisión de enlace que funcione para dialogar con una Constituyente que «no reconocemos», en referencia a la invitación que realizó Delcy Rodríguez. «Aquí no hay convivencia. Aquí hay una ocupación militar. Ellos solo pueden estar aquí con la complicidad de la Fuerza Armada Nacional (FAN)», advirtió.
Respaldo internacional
El primer vicepresidente recordó que la AN ha sido atacada por el régimen desde el momento en que la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) ganó la mayoría de los escaños del poder legislativo en 2015.
Stalin González, jefe del bloque legislativo opositor, aprovechó la presencia de los embajadores extranjeros para denunciar la grave situación laboral a la que,además, el gobierno ha puesto a los trabajadores y funcionarios de carrera de la Asamblea Nacional. Han perdido sus derechos laborales, como por ejemplo el Seguro HCM, y los diputados tampoco cobran sus sueldos desde hace un año.
La Asamblea Nacional Constituyente, ANC, fue instaurada por el régimen chavista el pasado 4 de agosto, y tiene plenos poderes para reordenar el Estado y depurar todas sus instituciones. El Parlamento denunció en su acuerdo de ayer que esa asamblea -integrada únicamente por personalidades chavistas- tenga facultades ejecutivas pese a que los órganos constituyentes de este tipo solo deberían tener capacidad para cambiar la Constitución.
En su declaración de ayer, la Cámara se comprometió a seguir denunciando ante la comunidad internacional y sus diversas instancias el «nuevo paso hacia la consolidación de una dictadura» en Venezuela.
Paralelamente, organismos internacionales y varios gobiernos de América y Europa reafirmaron ayer su apoyo al Parlamento venezolano y su rechazo a la Constituyente, después de que esta decidiera asumir competencias para legislar.
El comunicado fue firmado por Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay y Perú, llamado el Grupo de Lima tras la declaración suscrita por sus cancilleres hace diez días para denunciar una «dictadura» y el «quiebre democrático» en Venezuela. El Mercosur, integrado por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, con Venezuela suspendida indefinidamente, también condenó la decisión «de usurpar las atribuciones» del Parlamento, elegido «democráticamente».