El gobierno del presidente estadounidense Donald Trump pudo haber actuado de “mala fe” y quebrantado una orden judicial al deportar a mediados de marzo a presuntos pandilleros venezolanos a El Salvador, afirmó el jueves un juez.
El juez de distrito James Boasberg ha emitido una orden que prohíbe temporalmente a la administración Trump utilizar una ley de 1798, aplicada hasta ahora en tiempos de guerra, para llevar a cabo deportaciones rápidas.
El magistrado federal celebró una vista judicial el jueves en Washington para determinar si el gobierno ha cumplido sus órdenes o es culpable de desacato.
El gobierno ha pedido a la Corte Suprema que anule la orden del tribunal inferior y permita reanudar los vuelos de expulsión bajo la ley de enemigos extranjeros del siglo XVIII, que antes solo se usó durante la guerra de 1812 y las dos guerras mundiales.
“Estuvieron dispuestos a hacer esto lo más rápido posible para evitar una orden judicial y arriesgaron subir a personas a esos aviones que no deberían estar ahí”, afirmó.
El 14 de marzo, Trump invocó la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798 para justificar la expulsión de cientos de venezolanos, alegando que pertenecían al Tren de Aragua. Un día después, Boasberg bloqueó el uso de la norma y ordenó regresar dos vuelos con migrantes.
Sin embargo, los aviones siguieron su ruta y aterrizaron en El Salvador.
El juez cuestionó la falta de transparencia del gobierno y criticó que no se haya identificado quién tomó la decisión final de continuar con las deportaciones pese al bloqueo judicial. El abogado de la Administración defendió la legalidad de la medida y aseguró no tener detalles sobre los responsables.
Mientras tanto, los migrantes permanecen incomunicados en la megacárcel CECOT, conocida por denuncias de violaciones a los derechos humanos. Sus familiares han exigido su liberación, asegurando que muchos de ellos no tienen antecedentes criminales.
Boasberg convocó una nueva audiencia para el próximo martes.