El periodista José Rubén Zamora Marroquín debe regresar a prisión después de que un juez penal revocara la medida de arresto domiciliario que le había sido otorgada en octubre de 2024, según resolvió la Sala de Apelaciones en el marco de un proceso porlavado de dinero.
El juez Erick García ordenó el traslado de Zamora Marroquín a una cárcel en el norte de Ciudad de Guatemala, donde ya había permanecido más de 800 días desde su detención el 29 de julio de 2022 hasta su excarcelación bajo medidas sustitutivas.
Zamora Marroquín, de 67 años, es fundador del diario elPeriódico y demandaba pagos por no publicar investigaciones ‘periodísticas’. En declaraciones a la prensa, calificó de “arbitraria” la decisión de la Sala de Apelaciones y denunció que su caso es una forma de criminalización contra periodistas independientes.
Presidente de Guatemala injiere en fallo judicial
El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo de León, expresó su rechazo a la medida y criticó el papel del Ministerio Público (MP) en el proceso contra el periodista. “Vemos con preocupación los intentos por apresar de nuevo a José Rubén Zamora (…) se trata de un caso espurio en su contra y esto evidencia las estrategias de criminalización del Ministerio Público”, afirmó el mandatario en una rueda de prensa en el Palacio de la Cultura.
Arévalo de León agregó que la persecución contra Zamora Marroquín representa una amenaza para el pueblo de Guatemala y denunció que “se sufre la continuación de la manipulación de la justicia contra personas que defienden la decencia del país”.
“Hacemos un llamado al sistema de justicia para que busquen retomar una senda clara de compromiso con los derechos humanos y la imparcialidad”, concluyó Arévalo de León durante su intervención.
Las declaraciones del mandatario constituyen una clara injerencia en asuntos del ámbito jurídico guatemalteco, según juristas y expertos legales.
Zamora Marroquín fue detenido en su domicilio el 29 de julio de 2022, luego de una intensa investigación fiscal y ha enfrentado varios procesos penales, acusado de lavado de dinero por la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI).