Un juez federal frenó la polémica práctica de deportar a migrantes a países con los que no tienen conexión previa sin darles la oportunidad de defenderse en los tribunales, en un importante revés para la agenda de inmigración de la administración Trump.
El fallo, que forma parte del caso D.V.D. contra el Departamento de Seguridad Nacional de EE.UU, detiene temporalmente una política que, según los críticos, pone en peligro a los migrantes al enviarlos a naciones donde pueden enfrentarse a la persecución o la violencia.
El fallo emitido el viernes en Boston se extiende más allá de las personas que presentaron la demanda, proporcionando protección a miles de migrantes que se enfrentan a riesgos similares de ser expulsados abruptamente.
Al emitir la orden de restricción temporal a nivel nacional, el juez de distrito Brian E. Murphy citó serias preocupaciones sobre violaciones del debido proceso y posibles violaciones del derecho internacional establecidas en la Convención contra la Tortura.
Juez federal detiene deportaciones a terceros países sin conexión previa
La decisión del juez impide que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) deporte a personas sujetas a órdenes de expulsión definitivas a terceros países —no designados en sus procedimientos de inmigración originales— a menos que se les notifique por escrito y se les dé la oportunidad de solicitar protección legal.
La orden de restricción permanecerá en vigor hasta la audiencia del 10 de abril, en la que el tribunal determinará si impone una orden judicial a largo plazo contra la política. Pocas horas después de la decisión, el Departamento de Justicia presentó una apelación, argumentando que el fallo socava la autoridad ejecutiva sobre la aplicación de la ley de inmigración.
Tras redefinir su política de migración, la administración instruyó a los agentes del ICE a revisar los casos de migrantes en situación legal irregular que previamente habían sido liberados y a iniciar su deportación a países alternativos, incluso si habían cumplido con todas las condiciones de su liberación.
La agresiva estrategia de inmigración de la administración Trump ha dado lugar a un aumento significativo de las deportaciones de migrantes a terceros países, principalmente dentro de América Latina y el Caribe. Entre estos países figuran México, Guatemala, Colombia, Panamá y El Salvador.
La práctica, que busca mejorar la gestión de los flujos migratorios y aliviar la presión sobre los centros de detención estadounidenses, ha desencadenado una tormenta de críticas y manifestaciones de preocupación sobre la seguridad y la protección de los derechos legales de los deportados.
Migrantes deportados enfrentan riesgos y posibles violaciones al derecho internacional
Los deportados a menudo se ven atrapados en un ciclo de violencia, explotación y limbo legal en estos terceros países, según defensores de derechos humanos, quienes argumentan que estas deportaciones no solo contravienen el derecho internacional, sino que también ponen en peligro a personas vulnerables.
En lo que agrava la situación, la administración Trump ha hecho arreglos con el gobierno de El Salvador para encarcelar en una prisión de máxima seguridad a cientos de migrantes venezolanos que Estados Unidos acusa de ser criminales o de pertenecer a la violenta pandilla Tren de Aragua, sin que estos hayan sido llevados ante un juez para poder defenderse.
Los críticos argumentan que el envío forzado de migrantes a países desconocidos, sin considerar los riesgos que pueden enfrentar, viola las leyes de asilo de Estados Unidos y los tratados internacionales.
Trina Realmuto, abogada de la Alianza Nacional de Litigios de Inmigración, celebró el fallo como una “garantía crucial” contra las deportaciones arbitrarias. “Nos alivia que el juez haya comprendido la urgencia de esta situación, tanto para nuestros demandantes como para las miles de personas que enfrentan riesgos similares de deportación”, declaró a la agencia de noticias Reuters.
El caso de Boston es el más reciente de una serie de batallas legales sobre las agresivas políticas migratorias de Trump.
En otro caso de alto perfil, el juez de distrito de Washington, D.C., James Boasberg, extendió esta semana la suspensión temporal de la deportación de migrantes venezolanos acusados de afiliación a pandillas, alegando preocupación por el uso por parte del gobierno de la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798.
Ese caso se encamina ahora a un enfrentamiento en la Corte Suprema, ya que el gobierno de Trump aboga por un amplio poder ejecutivo para ejecutar las deportaciones con justificaciones de seguridad nacional.
Con múltiples tribunales interviniendo, los expertos legales afirman que el eventual fallo de la Corte Suprema podría redefinir los límites de la autoridad ejecutiva sobre la aplicación de la ley migratoria en los próximos años. El Departamento de Seguridad Nacional aún no ha respondido públicamente al fallo.
Existen varios procedimientos legales en tribunales federales que podrían afectar el futuro de la política de deportaciones de la nueva administración. Los próximos pasos incluyen:
Audiencia prevista para el 8 de abril sobre la posible prórroga del fallo del tribunal de Washington, D.C. sobre las deportaciones de venezolanos.
Audiencia prevista para el 10 de abril sobre si la orden de restricción temporal del juez Murphy se convertirá en una medida cautelar de mayor duración.