El Observatorio Universitario de Derechos Humanos (OUDH) y el Instituto de Derechos Humanos (Idhuca) de la jesuita Universidad Centroamericana (UCA) aseguraron el lunes que el derecho a la justicia «es el más violentado» en el contexto de la implementación en El Salvador de un régimen de excepción para combatir a las pandillas y que suspende algunas garantías constitucionales.
La investigación es denominada ‘El Acceso a la Justicia en el marco del Régimen de Excepción».
Gabriela Santos, directora del Idhuca, aseguró en declaraciones a periodistas que, actualmente, «el derecho a la justicia es uno de los más violentados por toda la situación de la concentración del poder que hace que no haya ningún tipo de independencia e imparcialidad de que se respeten los distintos principios vinculados con el respeto a este derecho».
Señaló, tras la presentación de los principales hallazgos de la investigación, que «las distintas reformas en materia penal han afectado la situación jurídica del país y las personas han quedado en un indefensión total»
«Acá lo importante es entender que, ante una vulneración de un derecho en particular, las personas deben de tener la posibilidad de presentar una denuncia, una demanda ante la autoridad competente y que esta le resuelva con todas esas características de un debido proceso que actualmente no existe, y es lo que preocupa mucho», expresó.
Explicó que «el problema actual no se limita a las prorrogas del régimen de excepción (…) sino a todas esas reformas que violentan la Constitución y los distintos estándares internacionales de protección de derechos humanos».
Santos subrayó que las audiencias masivas y la no individualización de la responsabilidad penal de la persona son «elementos que afectan y dejan el derecho al acceso a la justicia completamente invalidado».
Recordó que las denuncias que ha recibido el Idhuca, durante la implementación del régimen, «en su mayoría son casos relacionados con detenciones arbitrarias y afectaciones al derecho al acceso a la justicia», y «vemos una similitud con los hechos denunciados ante la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos».
«Es imposible que no se vulnere al 100 % los derechos de las personas, y ante ese situación todos debemos de tener esas herramientas que me garanticen que yo puedo acudir ante una instancia independiente e imparcial que va a cumplir con el proceso adecuado y que se tendrá una respuesta», agregó.
La investigación revela que «el régimen de excepción se ha convertido en un instrumento de control social» y que «el Estado no tiene la capacidad para procesar a las miles y miles de personas detenidas y se ha tenido que inventar procesos como los juicios masivos para juzgar al mayor número de personas».
El oficialismo y sus aliados en la Asamblea Legislativa aprobaron el pasado 11 de octubre la prórroga número 19 del régimen de excepción
De acuerdo con cifras oficiales, son más de 73.000 detenciones realizadas bajo el régimen de excepción, mientras que organizaciones humanitarias dan cuenta de más de 5.000 «víctimas directas» de atropellos a derechos humanos, principalmente por detenciones arbitrarias.