Jimmy Morales anunció el pasado viernes que no respaldará la continuación de los trabajos de la Comisión Internacional Contra la Corrupción en Guatemala (CICIG), el anuncio fue seguido con particular atención desde el televisor de una oficina en la lujosa zona 14, al sur de la capital guatemalteca.
Frente al televisor, el culpable que la CICIG llegue a su fin escuchaba cada frase que estaba dirigida a él, Iván Velásquez, un abogado colombiano, con reconocidos nexos entre la guerrilla colombiana y, según el expresidente del país del sur, Álvaro Uribe Vélez, con conexiones con el narcotráfico.
Velázquez, titular de la CICIG, el organismo de Naciones Unidas que junto al Ministerio Público guatemalteco se lanzó a combatir la corrupción en el país con mayor población y mayor tamaño en Centroamérica desde 2013, cometió, a la par de la recién removida fiscal General y hoy aspirante a una candidatura a la presidencia de la República, Thelma Aldana, un error: Permitieron que la izquierda se adueñara de ambas instituciones y las utilizara como arma política, llegando al atrevimiento que un extranjero se abrogara el derecho de investigar al presidente, legítimamente electo, de la nación.
“Hemos notificado oficialmente al secretario general de Naciones Unidas la no renovación del mandato de la CICIG”, escuchó Velázquez decir al presidente, quien la tarde del viernes dio un mensaje a la nación desde el palacio de gobierno, mientras mandos militares y altos funcionarios civiles de su gobierno escuchaban detrás de él. El mensaje era claro, Velázquez lo entendió y guardó silencio.
Velázquez supo de antemano que el presidente hablaría, le habían dado el “pitazo” desde dentro del círculo íntimo del Presidente y siguió el discurso acompañado de una docena de colaboradores. Estos narraron a un corresponsal de The Associated Press la crónica.
“Non grato” que se quedó en Guatemala por la fuerza del dinero
En agosto de 2017, Morales declaró a Iván Velázquez persona non grata y ordenó su expulsión. En aquel momento, la Corte de Constitucionalidad revirtió la decisión presidencial bajo presión de países “amigos”, con intereses en injerir en los asuntos internos de Guatemala a través de donaciones y “financiamiento” de varios proyectos, entre estos la CICIG y el Ministerio Público.
Ahora, Morales ha decidido simplemente no renovar la presencia de la CICIG en 2019, cuando acaba su actual mandato, lo que es potestad constitucional del Órgano Ejecutivo; lo que críticos del mandatario consideran una maniobra para evitar que lo investiguen, así como a su familia, ya que en la actualidad y con el empuje de la CICIG y la Fiscalía, por tercer pedido, la oposición política y la izquierda del país busca el retiro de inmunidad del Jefe de Estado.
La Fiscalía General y la CICIG han dicho que Morales habría incurrido en financiamiento electoral ilícito en 2015. En aquel entonces, Morales era secretario general y representante legal del partido Frente de Convergencia Nacional (FCN-Nación), y habría recibido más de un millón de dólares por parte de empresarios para la campaña electoral.
Respuesta internacional
Senadores estadounidenses y los embajadores de Suecia, Canadá y otros países europeos rechazaron la decisión del mandatario y pidieron que, en consecuencia, se condicione la cooperación de su país con Guatemala, incluida la ayuda militar. Sin embargo, la opinión de mayor peso en el área, el gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica, bajo la dirección del presidente Donald Trump, tendera que evaluar la coyuntura política de la zona, la cual sufre el embate de la China Popular, lo que estaría dando “apalancamiento” a Morales.
Grupos de izquierda y oposición salen en defensa de la CICIG en Guatemala
La Convergencia por los Derechos Humanos, donde están aglutinadas una decena de organizaciones de izquierda, condenó la decisión de no renovar el mandato de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y denunció una supuesta ruptura del orden constitucional.
En un comunicado, consideró que lo ocurrido el viernes «rompe el orden constitucional, ya que se ha militarizado a la sociedad, se ha llamado a los jueces y fiscales a «desobedecer» procesos que son considerados persecución política y se hace apología en contra de los derechos humanos».
El enojo de las organizaciones con el presidente Morales, fue producto de que el anuncio de su decisión lo realizó con un gran respaldo militar y de actores de la derecha guatemalteca.
«Además de la militarización de la ciudad y de la actuación anómala del señor Morales, han circulado rumores de órdenes de capturas en contra de varias personas defensoras de derechos humanos, incluidos abogados y periodistas. Los rumores han estado acompañados de presencia policial en varias sedes y domicilios de las personas señaladas», denunció el ente, sin embargo, luego de cuatro días no se han realizado ni detenciones ni amedrentamiento a las supuestas víctimas.
Entre las organizaciones que firman este comunicado está el Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos (CALDH), Centro Internacional para Investigaciones en Derechos Humanos (CIIDH), Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales de Guatemala (ICCPG), la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala (ODHAG) y la Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos (UDEFEGUA), todos de corte izquierdista y pro intervención de países extranjeros en asuntos internos de Guatemala.