El arzobispo de San Salvador, José Luís Escobar Alas, reclamó hoy al Estado la «inmediata» aprobación de la Ley General de Aguas para «garantizar el acceso a este bien necesario de manera justa, equitativa y sostenible» a todos los salvadoreños.
El arzobispo informó que la próxima semana, cuya fecha exacta no facilitó, acompañará a la Universidad Centroamericana (UCA) a entregar una propuesta al Congreso sobre una ley del agua, ya que «el contenido de la misma ha sido consensuada con diversos sectores de la sociedad y es justa».
Escobar Alas también respaldó en junio un escrito de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) que reclamaba que el Estado continuara administrando el agua en El Salvador.
La iniciativa de la PDDH busca que el Congreso rechace la propuesta de cuatro partidos de democráticos en la oposición, con amplia mayoría parlamentaria, de crear un ente rector del agua en el que la empresa privada y los gobiernos municipales tendrían mayor representación que el Gobierno, que ha denotado corrupción y malos manejos de los recursos hídricos.
«En esta ocasión, la propuesta es prácticamente la misma, pero con los conceptos más detallados, con insistencia en la necesidad de que el ente rector del suministro del agua sea de carácter estatal, pero con participación no estatal y con amplia participación ciudadana», precisó el líder de la grey católica.
Por su parte, el izquierdista cardenal salvadoreño, Gregorio Rosa Chávez, explicó que «lo que interesa es que el documento llegue directamente a la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático» para que se debata «a la mayor brevedad posible y se agilice el acuerdo en el Congreso».
En la Asamblea Legislativa hay dos anteproyectos: el presentado en 2012 por el entonces ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MANR), Hernán Rosa Chávez, hermano del cardenal, y otro propuesto por organizaciones sociales planteado, inicialmente, en 2006 y luego actualizado en 2011.
La situación de los recursos hídricos en El Salvador han sido “bandera” de la izquierda del gobernante Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), pero debido a su minoría en el Congreso, hoy utiliza de vocero a su recién nombrado cardenal.
En el actual Ejecutivo de Salvador Sánchez Cerén, los diputados no han abordaron el tema de la aprobación de la Ley General de Agua presentada por el pasado Ejecutivo.
Sánchez Cerén decretó en abril de 2016 emergencia nacional por la escasez de agua, principalmente en la zona central del país, con la excusa del cambio climático, pero con pérdidas del flujo hidráulico de hasta un 48 % por tuberías danzadas e ineficiencia de la autónoma Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA), que estuvo a punto de causar estrés hídrico; el mandatario, en ese momento, instó al Congreso a estudiar un anteproyecto, pero ante la incapacidad de la estatal, no prosperó.
Un estudio de la PDDH dado a conocer en 2016 concluye que la vida en El Salvador sería inviable en 80 años a causa de la crisis hídrica.