El arzobispo de San Salvador, José Luis Escobar, abogó el domingo para que los salvadoreños «inocentes» detenidos en el marco del régimen de excepción «salgan pronto» en los juicios colectivos que la Asamblea Legislativa aprobó recientemente.
«Lo que sí pediremos siempre es que, sea en grupo el juicio o que sea individual, se favorezca la inocencia. Se luche todo lo que se pueda para que los inocentes salgan pronto», indicó en una conferencia de prensa luego del sermón del domingo.
También llamó a que este tipo de juicios colectivos, en los que supuestos pandilleros serán juzgados como estructura y no por delitos individuales, no sean «en detrimento a la libertad de los inocentes».
El principal jerarca de la iglesia católica salvadoreña, como es su costumbre durante el presente gobierno, dijo que no se pronunciaría «a favor o en contra» de estos juicios colectivos.
La medida fue aprobada en la sesión plenaria de la Asamblea Legislativa de la semana pasada por el partido oficialista Nuevas Ideas (NI) y los partidos serviles al Gobierno de Nayib Bukele, acción que ha generado críticas de organizaciones humanitarias locales e internacionales.
Human Rights Watch (HRW) publicó en Twitter que entre los más de 71.000 detenidos «muchos son inocentes y merecen un juicio justo» y que con estas medidas «no los tendrán».
«Cientos de detenidos podrán ser procesados en audiencias de hasta 900 personas», indicó.
La organización Cristosal advirtió en un análisis que la reforma transitoria a la Ley del Crimen Organizador es un «atentado al Estado de Derecho y la seguridad jurídica» estipulada en la Constitución.
También señaló que al reforma elimina el plazo máximo de dos años para concluir con un proceso penal, esto implica que una persona detenida al inicio del régimen puede pasar por procesos mayores a tres años en prisión.
El Congreso, a petición del Gobierno de Bukele, aprobó el régimen de excepción tras una escalda de homicidios a finales de marzo de 2022 atribuida a las pandillas.
De acuerdo con las denuncias recabadas por organizaciones humanitarias divulgadas recientemente, la cifra de «víctimas directas» de violaciones a derechos humanos bajo el régimen de excepción llegó al menos a 5.490.