El Salvador registra un alza en la cifra acumulada de los homicidios del 1,3 %, entre el 1 de enero y el 8 de agosto de este año, respecto al mismo lapso del 2020, según cifras policiales proporcionadas este lunes a periodistas.
El reporte de la Policía Nacional Civil (PNC) indica que en estos 220 días del 2021 se perpetraron 760 homicidios.
La información da cuenta de que esta situación fue empujada principalmente por los datos de agosto, que suma 8 homicidios, mientras que a la misma fecha de 2020 iban 38 asesinatos.
La lista no incluye docenas de muertos que fueron encontrados en una casa siniestra en Chalchuapa, Santa Ana.
El Gobierno atribuyó la caída de los homicidios en 2019 y 2020 a la implementación de su Plan Control Territorial (PCT), con el que se busca arrebatar el control de los territorios a la pandillas.
Sin embargo, el pasado 21 de julio, el presidente Nayib Bukele lanzó la cuarta fase de su PCT, que implica pasar de 20.000 militares activos a 40.000 en los próximos cinco años y los asesinatos se incrementaron.
De acuerdo al mandatario, con este número de militares se garantizará «tener suficiente capital humano para poder vencer a las pandillas en sus territorios».
«Habrá una persona brindando seguridad por cada pandillero. Así vamos a ganar esta guerra con las pandillas, con medidas valientes», dijo en su discurso.
Bukele no especificó si se refería a que entre los 40.000 militares que tendrían el Ejército dentro de 5 años y los más de 22.000 miembros operativos de la PNC se alcanzaría el número de miembros activos de las pandillas.
En anteriores administraciones se ha cifrado en 60.000 el número de pandilleros; también se ha manejado que un 10 % de la población tiene alguna relación de afinidad con estas estructuras.
Juristas y activistas de derechos humanos criticaron la decisión de duplicar la fuerza militar y recordaron que su apoyo en la seguridad ciudadana en el pasado no dio resultados sostenibles; además recordaron sus antecedentes de atropellos a los derechos humanos.
A juicio de Zaira Navas, ex inspectora general de la Policía y abogada de la organización Cristosal, la Fuerza Armada «no tiene la preparación» y «no han recibido formación en derechos humanos» para participar en acciones de seguridad.
Subrayó que en la historia salvadoreña, el Ejército ha sido utilizado «para mantener o garantizar el autoritarismo, para dar golpes de Estado, para garantizar la permanencia de presidentes, para romper la democracia y para violar derechos humanos».