La Policía Nacional Civil (PNC) de Guatemala evacuó el martes a diputados y empleados que habían sido retenidos en el Congreso durante una violenta protesta de militares retirados, que ingresaron a la fuerza al edificio parlamentario y quemaron vehículos y algunas oficinas.
Tras protestar durante más de dos horas frente al Palacio Legislativo, los militares derribaron las puertas del estacionamiento e ingresaron al edificio, pasado el mediodía en el centro histórico de la Ciudad de Guatemala.
«Hay compañeros y compañeras atrapados en el Congreso. Urge la presencia de la Procuraduría de los Derechos Humanos y de la fuerzas de seguridad», describió el diputado Carlos Barreda (de la bancada Unidad Nacional de la Esperanza -UNE) en redes sociales.
La ocupación del edificio se extendió por más de una hora.
Por la tarde, más de 200 agentes antimotines de la Policía Nacional Civil (PNC) retomaron el control del Congreso. Lanzaron bombas con gas lacrimógeno a los manifestantes en los alrededores del Congreso, hasta conseguir frenar el caos en las instalaciones del Parlamento y sus calles aledañas.
Al menos un centenar de personas (entre trabajadores del Congreso y legisladores) abandonaron las instalaciones por salidas aledañas, incluso escaparon trepando por el techo.
Diez diputados de diversas bancadas junto a sus equipos y el ministro de Energía y Minas, Alberto Pimentel, fueron liberados por las fuerzas de seguridad por la puerta principal, en la calle paralela al estacionamiento del Palacio Legislativo, por donde ingresaron los veteranos militares.
«Corrimos para subirnos a las patrullas y salir de ahí por la novena avenida. Todos estamos conmocionados. Los ex militares están demasiado violentos, están con machetes y piedras, amenazantes. Quemaron mi oficina y destruyeron carros y otros despachos cerca del parqueo», relató el diputado del Movimiento Semilla Luis Fernando Pineda Lemus, después de haber sido evacuado.
El legislador agregó que había trabajadores y diputados con «colapso nervioso», como la congresista Karina Paz, de la Unidad Nacional de la Esperanza, o el propio ministro Pimentel, quien «se siente muy mal».
Otro congresista de Semilla, Samuel Pérez Álvarez, dijo que los diputados iban a ingresar al Congreso a la sesión plenaria cuando los manifestantes se tornaron violentos, con los machetes.
«Decidimos no ingresar y nos alejamos del área, pero hay colegas que tienen sus oficinas dentro y tuvieron que vivir esa tensión desde dentro», indicó.
De todas maneras, legisladores de oposición criticaron la lentitud del accionar de las fuerzas de seguridad.
«Las oficinas de Unión Nacional de la Esperanza quemadas, qué casualidad, esto parece planificado», escribió el diputado Barrera, de la principal fuerza opositora al presidente Alejandro Giammattei. «El objetivo fue quemar las oficinas de Orlando Blanco, Carlos Barreda y de Jairo Flores, mientras las autoridades los dejaron operar, sin intervenir».
Los diputados habían denunciado un acuerdo entre su mismo partido y el Gobierno un día antes.
Los ex combatientes solicitan una compensación económica por sus servicios al Ejército de Guatemala durante el conflicto armado interno registrado entre 1960 y 1996.
Durante las últimas tres semanas, los veteranos de guerra se habían manifestado en diversos días con bloqueos de rutas, y finalmente este martes decidieron tomar acciones en contra del Congreso.
La iniciativa solicitada por los veteranos de la guerra interna se encuentra bajo análisis de las comisiones de Defensa, Finanzas y Derechos Humanos del Congreso y plantea un pago de 120.000 quetzales (15.500 dólares aproximadamente) para cada uno de los ex militares o sus familiares si estos ya murieron, otorgado en cuatro pagos anuales.
La compensación económica a los veteranos de la guerra interna fue una de las promesas de campaña del presidente Giammattei en su campaña de la elección en 2019, en la que se impuso a Sandra Torres en la segunda vuelta.
Sin embargo, la oposición en el mismo Congreso se ha negado a dar su voto para la compensación, provocando los reclamos.
La guerra interna en Guatemala acabó el 29 de diciembre de 1996 con la firma de los Acuerdos de Paz entre el Gobierno y la Guerrilla compuesta por la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG).
El conflicto armado dejó un saldo de más de 250.000 muertos y desaparecidos, por ambos bandos y la población civil.