La Corte Suprema de Justicia de Guatemala dio el lunes vía libre a la oficialización de resultados de los comicios del 25 de junio, tras declarar sin lugar las acciones ante la Corte de Constitucionalidad interpuestas por partidos políticos de derecha que habían dejado en suspenso el proceso electoral.
El Supremo resolvió «declarar improcedentes los recursos de amparo» que fueron planteados por partidos políticos que alegaban irregularidades en el conteo de votos, informó la corte en conferencia de prensa.
Además, los magistrados retiraron la validez del amparo emitido el 1 de julio por la Corte de Constitucionalidad, máximo tribunal de Guatemala, que dejaba en suspenso los resultados electorales, ya que a su criterio las autoridades electorales cumplieron con realizar una segunda revisión.
De esta manera, la Corte Suprema intenta pasar por encima de la máxima autoridad que la Constitución otorga a la Corte de Constitucionalidad.
Ahora, el Tribunal Supremo Electoral debe decidir si obedece al Supremo y oficializa los resultados, adjudicar los cargos públicos y organizar el balotaje por la presidencia previsto para el 20 de agosto próximo, u obedece a la Corte de Constitucionalidad.
El lunes por la mañana, la presidenta del tribunal electoral, Irma Palencia, declaró que los resultados serán validados durante esta semana, después de concluir con procesos técnicos pendientes.
Revisión concluida
Del 4 al 6 de julio, las autoridades electorales realizaron un cotejo de actas electorales a nivel nacional a petición de la Corte de Constitucionalidad y durante el proceso no existieron cambios significativos que afecten los resultados obtenidos en la jornada electoral.
Las acciones de los partidos tradicionales se dieron después del sorpresivo avance del académico progresista, Bernardo Arévalo De León, del Movimiento Semilla, quien obtuvo el segundo lugar.
Arévalo De León disputará la presidencia contra la ex primera dama Sandra Torres Casanova, de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) y quien ha perdido el balotaje en las elecciones de 2015 y 2019.
Enfrentamiento de poderes judiciales
En Guatemala, la Corte de Constitucionalidad (CC) es un tribunal permanente de jurisdicción privativa, cuya función esencial es la defensa del orden constitucional y tiene como función conocer en única instancia de las impugnaciones interpuestas contra leyes o disposiciones de carácter general, objetadas parcial o totalmente de inconstitucionalidad.
Para que la función del Tribunal Constitucional sea efectiva, sus decisiones deben estar dotadas de imperatividad. En el caso guatemalteco el artículo 185 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad establece que las decisiones de la Corte de Constitucionalidad vinculan al poder público y órganos del Estado y tienen plenos efectos frente a todos. Sus fallos deben cumplirse, y para ello el resto de poderes debe actuar en el ámbito de su competencia en respeto de las decisiones adoptadas.
Por su parte, la Corte Suprema de Justicia es el tribunal de mayor rango y tiene la responsabilidad de la administración del Organismo Judicial, incluyendo la labor de presupuesto y los recursos humanos, así como la de impartir justicia de conformidad con la Constitución Política de la República de Guatemala. Sin embargo, según la Constitución de la República de Guatemala, la Corte de Constitucionalidad es el máximo tribunal en materia constitucional.