El Gobierno de El Salvador publicó en el Diario Oficial un acuerdo comercial suscrito con Estados Unidos sin que el instrumento haya sido sometido previamente a ratificación de la Asamblea Legislativa de El Salvador, como establece la Constitución para determinados tratados y convenios internacionales.
El documento, dado a conocer por el Órgano Ejecutivo a través del Ministerio de Economía y la Cancillería, contiene disposiciones en materia de cooperación comercial, facilitación de inversiones y acceso a mercados. Sin embargo, hasta la fecha de su publicación no figura en la agenda legislativa ni existe registro público de que haya sido conocido o aprobado por el pleno legislativo.
La Constitución salvadoreña establece que los tratados internacionales celebrados por el Ejecutivo deben ser sometidos a aprobación legislativa antes de su ratificación cuando impliquen compromisos para el Estado, reformas legales o afecten disposiciones constitucionales.
Consultados por este medio, constitucionalistas señalaron que el punto central es determinar la naturaleza jurídica del instrumento firmado con Estados Unidos: si se trata de un tratado formal que requiere ratificación legislativa o de un acuerdo interinstitucional de carácter técnico que puede entrar en vigor mediante decisión administrativa.
“Si el acuerdo genera obligaciones financieras, modifica aranceles o compromete recursos públicos, debe pasar por la Asamblea”, explicó un abogado especializado en derecho público. Añadió que la publicación en el Diario Oficial no sustituye el requisito constitucional de aprobación legislativa cuando esta es obligatoria.
Antecedentes de la relación comercial
El Salvador y Estados Unidos mantienen relaciones comerciales regidas principalmente por el Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica, República Dominicana y Estados Unidos (CAFTA-DR), vigente desde 2006. Cualquier modificación sustantiva a compromisos arancelarios o de inversión derivados de ese marco suele requerir procedimientos formales de aprobación.
Fuentes diplomáticas indicaron que el nuevo instrumento busca actualizar mecanismos de cooperación y fortalecer cadenas de suministro estratégicas. No obstante, hasta el cierre de esta nota, el Gobierno no había detallado públicamente si el acuerdo implica reformas normativas internas o compromisos presupuestarios.
Reacciones políticas
Diputados de partidos de oposición cuestionaron el procedimiento y pidieron transparencia sobre el contenido completo del acuerdo. Señalaron que el control legislativo en materia internacional es una garantía institucional y no un trámite opcional.
Por su parte, funcionarios del Ejecutivo sostienen que el instrumento se enmarca en facultades administrativas del Gobierno y que no requiere ratificación legislativa al no modificar legislación vigente.
Posibles implicaciones
Especialistas advierten que, de confirmarse que el acuerdo debía ser sometido a aprobación legislativa y no lo fue, podría abrirse un debate sobre su validez jurídica interna y eventuales impugnaciones ante la Sala de lo Constitucional.
Mientras tanto, el texto publicado ya figura oficialmente en el Diario Oficial, lo que genera interrogantes sobre su aplicación práctica y sobre el alcance de las obligaciones asumidas por el Estado salvadoreño.
La discusión se produce en un contexto de alta concentración de poder político y de cuestionamientos de distintos sectores sobre los mecanismos de control y equilibrio institucional en el país.